“Hay casos en los que en su contrato pone que son vigilantes de seguridad, habilitados para llevar armas”, manifestó José Luis Faus, secretario general de FES-UGT. La falta de seguridad jurídica implica que la situación laboral de los trabajadores sea “precaria”. Desde UGT hacen especial hincapié en los dos empleados del parking Isla Talleres. Afrontan sus turnos en solitario y bajo su responsabilidad queda una superficie de 10.000 metros cuadrados, sin la ayuda de un sistema de vigilancia. Además, según Faus, han de realizar labores de mantenimiento y limpieza. “Una única persona con varias funciones”, denunció.
Desde UGT han anunciado que pondrán en marcha una plataforma, que se presentará a la CEME para la negociación de un convenio colectivo que aporte cobertura jurídica a los trabajadores de este sector.
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