Un total de 37 inquilinos de las viviendas Ultrabaratas de Diego de Olea y Antonio Bermejo tendrán que abandonar sus viviendas el próximo sábado día 30. El Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó ayer una notificación a estas personas en las que les recuerda que cumplido el plazo de ocho años de duración prevista para los contratos de arrendamiento firmados con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (Emvismesa) tendrán que abandonar las casas.
En la publicación, se indica que la notificación ya se había efectuado en tiempo y por correo ordinario certificado, mensajería y burofax el 19 de septiembre. Ahora, el plazo para la entrega de las viviendas, libres de mobiliario, enseres y personas, y al corriente del pago de las mensualidades del alquiler tendrá que hacerse el próximo sábado, según se indica en el BOME.
El máximo responsable de Emvismesa, Hassan Driss, prefirió no hacer ayer declaraciones sobre el asunto al considerarlo un tema “muy sensible”. Tampoco se refirió a qué trámites seguirá la Administración en el caso de que estas familias no acepten abandonar las casas.
Hay que recordar que parte de estos vecinos se unieron hace unos meses en una plataforma para tratar de buscar una solución acordada con Emvismesa. La entidad presentó una propuesta formal a la empresa pública que aún no ha sido resuelta.
Los servicios jurídicos de la plataforma indicaron en su momento que entre las opciones que pretendían poner sobre la mesa estaba la negociación de una nueva prórroga, la firma de otro contrato o determinar unas condiciones para acceder a la opción de compra. El objetivo, en cualquier caso, es evitar el desalojo de estas familias.
Las condiciones de los contratos firmados hace ocho años establecían que se podían hacer varias renovaciones, pero transcurrido este periodo máximo tendrían que abandonar la residencia.
Muchas de las familias que recurrieron a estas VPO (Viviendas de Protección Oficial (VPO) lo hicieron porque no podían hacer frente a un domicilio con otras características, ya que las cuotas de alquiler de estos inmuebles eran más bajas y se establecían en función a la renta de los inquilinos.
Los afectados se enfrentan ahora a la posibilidad de un desalojo, si se cumple con lo publicado ayer en el Boletín Oficial. No obstante, habrá que esperar para saber si las negociaciones de la plataforma con Emvismesa avanzan y si la empresa de vivienda pública encuentra finalmente alguna vía alternativa para evitar que estas personas tengan que abandonar sus hogares. Cabe señalar que esta plataforma está integradas al menos 19 de las 40 familias afectadas, todas del bloque VIII de las VPO Ultrabaratas.
En sólo tres días se conocerán más detalles sobre cuál es el desenlace de una situación que tiene a muchas familias preocupadas ante la posibilidad de tener que abandonar la casa en la que han residido durante los últimos ocho años. Todos confían en encontrar una salida positiva a esta realidad.
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