Pasadas las 10:00 horas de la mañana de ayer, Loli García, encargada del supermercado Atilano, bajaba la persiana del establecimiento para no volver a subirla. El establecimiento, abandonará la calle General Villalba 32, donde en un mes de diciembre, hace 19 años, abrió sus puertas a los melillenses.
Hace una semana la Consejería de Medio Ambiente comunicó una orden de clausura. El motivo, según la propia consejería, está en que el local en cuestión no cumple con la normativa de seguridad contra incendios. García y los trabajadores niegan “rotundamente” que el establecimiento no respete las normas de seguridad y afirman que la puerta de emergencia se levantó hace casi un año.
En el interior del supermercado numerosos clientes y vecinos de la zona esperaban a la encargada para acompañarla en un momento “tan doloroso”. “No hay derecho”, “Esto es una vergüenza”, “¿Qué pasará ahora con los trabajadores?”. Fueron algunos de los comentarios que se pudieron escuchar.
García se dirigió directamente a su plantilla para encontrar apoyo en sus brazos. Los sollozos no cesaban. Asimilaban que eran los últimos minutos de vida del supermercado ‘Ati y que definitivamente perdían sus puestos de trabajo, que para muchos ha servido durante casi 19 años para cubrir las necesidades de sus familias.
En paro
Eran conscientes de que ahora eran 14 personas que pasaban a engordar las listas del paro. Catorce personas, que ahora forman parte de una muchedumbre silenciosa y a menudo inadvertida. Temían convertirse en nuevas víctimas de la pobreza. No querían entrar en una crisis sin fondo y que ésta se instale en una normalidad quebradiza. Saben que el paro, ya lacera a millones de personas y que es un filo que se estrecha.
Las facturas siguen, el empleo desaparece y hasta el techo peligra, como es el caso Amelia Sánchez, de 27 años, que empezó a trabajar en el supermercado cuando sólo tenía 21. Ahora es madre de un niño de 14 meses, su pareja está desempleada y ella desde ayer también. Con su sueldo pagaban el piso de alquiler al que se fueron a vivir hace tan sólo un mes. No es la única que ahora tendrá que recontar cada euro. Carmen Del Río, Sonia Fernández o Montse Margalef son los nombres y apellidos de algunos de los trabajadores que se han visto afectados por el cierre forzoso del ‘Ati’.
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