Socialistas y cepemistas piden que se rebajen y se reduzcan también los cargos del Ejecutivo, mientras que los populares dicen que el Gobierno es “corto y austero”.
Aunque el Pleno de ayer no acabó con un nuevo abandono por parte de la oposición ni tampoco con la amenaza de expulsión de algún diputado, como ocurrió en la sesión de Control anterior, sí estuvo lleno de ‘perlas envenenadas’ que sacaron a relucir el largo elenco de reproches que distancian a unos de otros y que suelen plantearse de forma sistemática en este tipo de sesiones plenarias.
Sueldos del Gobierno
La de ayer se vio marcada por un agrio debate en torno a los sueldos del Gobierno local, al albur de la reducción que el Ejecutivo melillense piensa realizar en las nóminas de todos sus cargos “por solidaridad con los más perjudicados” por la presente crisis económica y no porque los considere excesivos o desmedidos como ayer sostuvieron nuevamente los grupos de la oposición.
Frente a las críticas de CpM y PSOE, que tacharon al Gobierno local de servirse del dinero público para ganar unos salarios que “no merecen”, el Ejecutivo que preside Imbroda no sólo mantuvo que es “de los que menos cobra” en comparación con otras autonomías, sino que además es uno de los Gobiernos “más cortos y austeros” de España, lo que provocó un encendido debate que derivó en enfrentamientos varios y obligó a la presidenta de la sesión, Cristina Rivas, a actuar de forma rígida e inflexible.
Debate central
El que finalmente fue el debate central del Pleno, en torno a las dos interpelaciones presentadas por CpM, comenzó cuando la diputada cepemista Dunia Almansouri pidió que el gasto total relativo a sueldos de altos cargos y miembros del Gobierno no exceda los 1.384.000 euros, conforme a la cantidad que abona el Estado español para sufragar parte de su actual coste, cifrado en total, según cepemistas y socialistas, en 2.9 millones de euros.
Para Almansouri, que Melilla, una ciudad de 13 kilómetros cuadrados y 75.000 habitantes, tenga 12 consejerías, 10 viceconsejerías y 22 asesores, es un despropósito al superar con creces el organigrama de gobiernos de regiones como Murcia, Galicia o La Rioja, todas ellas gobernadas también por el PP.
Además, subrayó que el sueldo medio de cada uno de los 44 altos cargos que conforman el Gobierno local, incluyendo en el mismo a los directores generales de las distintas áreas ejecutivas, es de 65.692 euros, a los que en algunos casos hay que sumar más de 12.000 euros anuales en concepto de trienios.
Para Almansouri, que pidió “vocación política de verdad y no más vocación cuando el bolsillo está más lleno”, es de vergüenza que “se cobre ese dinero por trienios cuando hay padres de familia que no tienen en esta ciudad con qué dar de comer a sus hijos”. Frente a ello, el Gobierno replicó que quienes cobran trienios lo hacen por su condición de funcionarios públicos de carrera con carácter previo a su entrada en política y plaza en propiedad en la Administración, y que su abono se efectúa conforme a las leyes vigentes. Un razonamiento, no obstante, que no convenció a PSOE ni CpM, según los cuales si se cobran es por decisión del PP aunque un cargo público que sea funcionario de carrera “no esté realizando en propiedad una comisión de servicio dentro de la misma Administración”.
“Gobierno inútil”
Las críticas de CpM se vieron redobladas además con la intervención de Aderrahim Sel-lam, para quien el Gobierno además de muy costoso es inútil “porque no trabaja”; y también por el PSOE, especialmente por Dionisio Muñoz, que detalló los sueldos del presidente de Promesa, (76.8000 euros brutos) del director de INMUSA, 82.000 euros brutos, o del presidente de la Fundación Monumental (70.600 euros brutos), entre otros ejemplos.
Además, Muñoz afeó a los consejeros que cobren entre 72.000 y 85.000 euros brutos al año y se preguntó para qué sirve este Gobierno, al tiempo que bajó al terreno de un análisis en el que, centrándose en los viceconsejeros, vino a decir que ninguno realiza funciones de provecho. Así, a Carmina San Martín, viceconsejera del Mayor, la llamó “la maquinista del tren eléctrico” por la promoción de viajes por la ciudad entre colectivos sociales diversos a bordo del tren de Turismo; al viceconsejero de Juventud como “el de vamos a la nieve”; al viceconsejero de Servicios Operativos, Francisco Villena, “como el vigila tornillos y grabador de vecinos críticos con el Gobierno”; y a la viceconsejera de Recursos Humanos, Katy Muriel, como la insultadora oficial de la oposición.
Unas apreciaciones que provocaron uno de los momentos más tensos cuando el presidente Imbroda, en respuesta, llamó al socialista ‘Dioni’, desatando una airada defensa por parte de la también socialista Celia Sarompas y la cepemista Dunia Almansouri, que por cuestión de orden reclamaron un trato más respetuoso, a lo que la primera autoridad local replicó que Dionisio Muñoz también había llamado ‘Cucho’ al viceconsejero Villena.
Reproches mutuos
Pero esto, en verdad, sólo fue el principio de un largo rosario de reproches mutuos, en el que Imbroda, en defensa de los miembros de su Gobierno, arremetió contra el socialista y le acusó de no atender su puesto de funcionario en la Dirección Provincial de Educación para dedicarse a una labor política por la que cobra dietas y comisiones.
Frente a ello, Dionisio Muñoz le replicó que su vida laboral, la de Imbroda, se reduce a “diez años cotizados durante su etapa en el Gobierno” porque sólo en esta etapa “ha trabajo en su vida legalmente”. “Yo –contrapuso el socialista- tengo treinta años cotizados y no rehusó ningún debate pero tenga la valentía de hacerlo frente a frente” Y así, a cara de perro casi, la primera autoridad local le espetó su pasado como trabajador de los antiguos medios de comunicación del movimiento franquista, su más que presunta pertenencia a la Falange en su etapa juvenil y su “extraño modo” de acceder a un puesto de funcionario de mayor nivel en la Administración central o del Estado.
El glosario fue en todo caso mucho más intenso, imposible prácticamente de reproducir y mucho más agrio también en otro enfrentamiento directo con Aberchán, que quiso reiterar sus acusaciones contra Imbroda por un presunto cobro de cheques de empresas que prestaban servicios a la Ciudad Autónoma allá por los años 90. Un asunto que actualmente sigue en los tribunales, en el que inicialmente Imbroda obtuvo un fallo favorable, posteriormente se produjo otro a favor de Aberchán y que actualmente se encuentra ante el Tribunal Supremo.
Otro momento de álgido enfrentamiento fue cuando se trató el uso de la religión con fines partidistas, que abordamos más detalladamente en la página 5 de esta misma edición, y que se saldó con la petición de El Barkani al cepemista Aberchán de que se marche y abandone la política “por constituir un absoluto peligro para la convivencia en esta ciudad”.
Deuda y cuentas saneadas
La deuda de la ciudad fue igualmente motivo de intenso enfrentamiento y sirvió para que los cepemistas acusaran al Gobierno Imbroda de no hacer su trabajo y no tomar medidas contra la crisis económica. Sin embargo, según el consejero de Hacienda, Guillermo Frías, Melilla no sólo tiene un nivel de endeudamiento muy bajo en la comparativa con otras comunidades (91,2 millones de euros de deuda viva), sino que además representa un 4,74% de su PIB frente al 65,9&% del PIB que supone la deuda contraída por el Gobierno Zapatero en esta presente legislatura, o el 9,5 del déficit público nacional que en Melilla se reduce al -0,65%
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