Los presidentes del Partido Popular en las distintas autonomías, incluido el melillense Juan José Imbroda, han suscrito un manifiesto en el que reafirman que no intervendrán el precio del alquiler en sus territorios, a pesar de las "amenazas" y el "chantaje" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Ésta, según afirman los populares, les ha advertido de que retirará los fondos a estas comunidades por no aplicar de forma voluntaria una medida "que se ha demostrado perjudicial" para los ciudadanos.
En el manifiesto del PP se deja claro que sus autonomías "no van a declarar zonas de mercado tensionado", con lo cual no habrá intervención pública en el coste de los alquileres. Esa medida, aseguran, "solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de precios".
Además, estos representantes políticos han aclarado que el Estado tiene la obligación de "repartir de forma equitativa" los recursos públicos en base a la igualdad de todos los españoles. Lo contrario, entienden, sería "un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal".
De ahí que los firmantes manifiesten su "rotundo rechazo" ante el intento del Gobierno "de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles". Y es que el Ejecutivo de Sánchez quiere "un reparto desigual de los fondos" en función de que las comunidades "tengan un posicionamiento político de una ideología concreta".
Estos presidentes autonómicos son conscientes de que la vivienda es uno de los principales problemas de los ciudadanos. "Desde que Sánchez es presidente ha pasado de ser el décimosexto problema que más preocupa a convertirse en el segundo".
Asimismo, aseguran que con este Gobierno en España "los alquileres se han vuelto prohibitivos". "Se han convertido en un bien de lujo en vez de ser uno de primera necesidad", añaden.
Los datos señalan que entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de alquiler ha subido un 32% y desde la entrada en vigor de la ley en mayo de 2023, el incremento ha sido de un 13% más.
No olvidan los populares el asunto de la okupación con 78.800 viviendas en el conjunto de España y la aparición de los llamados "inquiocupación", "que ha crecido de manera alarmante en los últimos meses".
Los populares no olvidan que Sánchez prometió la construcción de 183.000 viviendas en la campaña de 2023 "que nadie sabe dónde están" y lo acusan de haber "estrangulado el mercado".
Por ese motivo, los presidentes autonómicos del PP abogan por "establecer las medidas necesarias para atajar el problema y promover soluciones eficaces para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda asequible".
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