Los jueces defienden su derecho a acudir a la huelga en enero de 2013

El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, acusa de “demagogia” al ministro de Justicia por derivar sus protestas a un terreno laboral que no coincide con sus peticiones.

Esta semana el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmaba que los jueces no pueden tener un trato diferente al del resto de funcionarios, derivando las protestas del colectivo a nivel nacional a un terreno de demandas laborales que no coinciden “en absoluto” con las reivindicaciones “reales” de los jueces, según apuntó el juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa. En declaraciones a El Faro, el magistrado melillense acusó al ministro de hacer “demagogia” y defendió el derecho del colectivo a secundar una huelga, pues no hay norma expresa que se lo prohíba. Lamo de Espinosa consideró que Ruiz Gallardón utiliza “la baza del discruso fácil y falso” con el objetivo de sacar “ventaja de dos cosas muy diferentes”.
Lamo de Espinosa dijo que el ministro de Justicia es una persona “muy inteligente” y que al tener “la decisión tomada” de antemano, recurre al “juego” de hacer este tipo de declaraciones, desviar la atención hacia un debate distinto al que están planteando la planta judicial de España.
El juez decano aseguró que, igual que sus compañeros en Melilla, no comparten las declaraciones del ministro, quien dijo que el colectivo tiene que entender que no pueden mantener 18 días de permiso, pues con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial  (LOPJ) se han quedado en nueve, ni tener “un trato diferenciado en relación con la paga extra de Navidad” en relación al resto de funcionarios públicos.
“Tengo el máximo respeto por las decisiones que adopten los jueces porque no es en modo alguno grato para ellos las medidas que el Gobierno está adoptando”, dijo Ruiz Gallardón.
Pero estas palabras no convencen a los jueces melillenses, pues, según dijo Lamo de Espinosa, sus demandas distan mucho de protestar contra esos cambios laborales. Tal y como recordó, el pasado viernes 23 de noviembre se movilizaron no solamente contra las tasas judiciales impuestas, las cuales consideran “desproporcionadas”, sino también para pedir ciertas mejoras en la calidad de la Administración de la Justicia a los ciudadanos.
Entre esas reivindicaciones se encuentra la potenciación de la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Solicitan también la convocatoria de 250 plazas anuales para alcanzar la media europea en jueces y fiscales, para paliar en gran medida la “sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías”.
Otra de las reivindicaciones de la planta judicial es la determinación definitiva de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, con un límite de entrada máximo adminisible y con efectos inmediatos, la optimización de los recursos, una nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, la creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales. En concreto, en Melilla, pidieron la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Por último, el manifiesto concluye con la petición de una regulación del Estatuto Judicial y Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan jueces y fiscales y que las retribuciones económicas sean adecuadas a la responsabilidad de las funciones desempeñadas.

La Comisión Interasociativa decidirá la fecha

El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, defendió que no existe una norma específica que prohíba a los jueces convocar y secundar una huelga, por ello, rechazó las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien expresaba esta semana pasada su confianza en que los jueces recuperen “la cordura”. Del Río dijo no creer que la judicatura convoque una huelga únicamente por la nueva Ley de Tasas, pues dijo comprender que la preocupación del colectivo es “qué va a ocurrir con la planta judicial, con la modernización administrativa, si va a haber o no tribunales a distancia, la nueva ley de enjuiciamiento criminal o la reorganización administrativa”.
Lamo de Espinosa afirmó que los jueces de Melilla a buen seguro secundarán la huelga si la Comisión Interasociativa determina en las próximas semanas una fecha. En un principio, se barajó la posibilidad de hacer la convocatoria entre el 10 y 14 de diciembre, pero el órgano que está en plena negociación con el Ministerio de Justicia se ha dado un tiempo para estudiar las propuestas y, de realizarse una huelga, sería para enero de 2013.