La Plataforma de Interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla ha vuelto a denunciar este viernes públicamente la "inoperancia" del Gobierno local para hacer cumplir la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que se aprobó en diciembre último para todo el territorio nacional.
En concreto, la entidad se pregunta cómo es posible que hayan pasado casi seis meses sin que se hayan ofertado aun las plazas de los trabajadores afectados por Concurso o por Concurso Oposición libre no eliminatorio.
La Plataforma que une a los trabajadores afectados por esta normativa no entiende que el Gobierno de la Ciudad todavía no haya aprobado ni siquiera la revocación o la anulación de los procesos ya caducados para aplicar la citada ley, que establece que se deben ofertar dichas plazas antes de este 1 de junio.
Ante esta "falta de rigor" y "dilación en la toma de decisiones administrativas", la asociación ha asegurado que "no es de recibo que 150 empleados públicos de la Ciudad Autónoma vean mermado su derecho legítimo a consolidar sus puestos de trabajo después de estar décadas en abuso de la temporalidad".
De hecho, "la desinformación y la dejadez" del Ejecutivo local ha hecho que los afectados piensen en movilizarse judicialmente en caso de que se incumpla la ley.
De acuerdo con lo declarado por la Plataforma, no solo existe una ley en vigor, sino un acuerdo del Gobierno de la Ciudad con los sindicatos que representan a los trabajadores, informes favorables que avalan el cumplimiento de la ley en Melilla, y precedentes en muchas comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales.
La demora para hacer cumplir esta norma en Melilla, según la Plataforma, puede producir "un perjuicio de imposible reparación al frustrar la estabilización de los empleados públicos que esperan con gran inquietud que se tomen determinaciones amparadas por un derecho legítimo".
Es importante recordar que que la Ley 20/2021 tiene por objeto reducir la tasa de temporalidad en todo el país y dar estabilidad a aquellos empleados públicos en abuso de la temporalidad.
Puntualmente, se ha propuesto situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas.
Por ende, la reforma actúa en tres dimensiones: la adopción de medidas inmediatas para remediar la elevada temporalidad existente, la articulación de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro y, por último, la potenciación de la adopción de herramientas y una cultura de la planificación para una mejor gestión de los recursos humanos.
En ese sentido, la Plataforma de Interinos ha dejado claro que "no se puede hacer gala de una reforma laboral que presume de estabilizar los puestos de trabajo", mientras se es "indiferente" a la aplicación de una ley estatal que "favorece la estabilidad de los propios trabajadores públicos interinos" de la ciudad.
La entidad ha insistido en que es un deber del Gobierno local velar por que se cumpla esta ley que favorece la estabilidad de sus propios empleados públicos, a partir de "parámetros claros y bien definidos".
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