Los agentes aseguran que el subsahariano devuelto a Marruecos el pasado 15 de octubre semiinconsciente fingía este estado y por ello no requirieron la asistencia de los servicios sanitarios.
Tras dos intensas jornadas, los ocho guardias civiles imputados en la investigación abierta sobre las ‘devoluciones en caliente’ terminaron ayer de prestar declaración ante el juez. La versión de los hechos ocurridos en el intento de entrada masiva de inmigrantes del pasado 15 de octubre fueron “prácticamente iguales”. Únicamente respondieron a las preguntas que les formuló el juez instructor, Emilio Lamo de Espinosa, el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado que les asiste. Se negaron, por tanto, a responder a las preguntas de la parte querellante, es decir, las asociaciones Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein. Su abogado, José Luis Rodríguez, destacó que las respuestas de los ocho imputados no fueron del todo “coherentes” en muchos aspectos. Una de las explicaciones controvertidas de los agentes, por ejemplo, se produjo cuando afirmaron que un inmigrante engrilletado con una brida no está detenido y, por tanto, se puede entregar a las autoridades marroquíes en este estado.
“El juez les preguntó si un inmigrante con las manos ‘atadas’ con una brida a la espalda está detenido. Si fue así, preguntó a los agentes si leyeron sus derechos al inmigrante, pero los agentes respondieron que eso no era una detención. Explicaron que el hecho de ‘atarles’ las manos fue para reducirles porque se estaba resistiendo. No han ofrecido unas respuestas coherentes”, explicó el letrado malagueño.
Cada guardia civil imputado explicó su actuación aquel día, tras visionar los vídeos aportados por la parte querellante. Aseguraron que si un inmigrante muestra una actitud violenta o agresiva, se justifica el empleo de la fuerza por parte de los agentes, indicó Rodríguez.
El inmigrante “inconsciente”
Sobre la polémica expulsión de un inmigrante engrilletado y en apariencia semiinconsciente a las autoridades marroquíes, los imputados explicaron que el subsahariano fingía su estado para evitar, supuestamente, ser devuelto. Sin embargo, “los guardias civiles han reconocido que no tienen conocimientos médicos. Entonces, ¿por qué no solicitaron la asistencia de los servicios sanitarios para comprobar el estado de este inmigrante?”, se pregunta el abogado. Al parecer la justificación arguida por los agentes de la Benemérita sobre este aspecto fue que es “habitual” este tipo de comportamientos en los inmigrantes que intentan entrar en Melilla a través de la valla fronteriza, indica Rodríguez.
Algunos de los agentes de la Benemérita pertenecientes a la Comandancia melillense, señaló el letrado, afirmaron que las instrucciones sobre la actuación en la valla las reciben verbalmente. “Solamente uno dijo haber recibido por email o haber leído las instrucciones y haberloas firmado”, añadió.
De los guardias civiles imputados, tres pertenecen a la unidad GRS, procedente de la península, el resto está destinado en la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla.
Otras agresiones
A los agentes del GRS se les preguntó ayer por unas imágenes en las que se aprecian agresiones por parte de otros GRS contra varios inmigrantes en la valla que, en apariencia, no mostraban una actitud agresiva. Al respecto, algunos no contestaron y otros respondieron que era preferible preguntar por estos hechos a los agentes que aparecían en las imágenes.
Es por ello que la parte querellante ha solicitado, informó Rodríguez, la identificación de los dos agentes del vídeo que actuaron “con especial virulencia contra unos inmigrantes que no tenían una actitud agresiva”, apostilló el letrado.
Una vez finalizadas estas declaraciones, queda pendiente una más de un guardia civil cuya citación ha sido aplazada.
Las preguntas sin responder
El abogado de la parte querellante, José Luis Rodríguez, explicó a El Faro que aunque los guardias civiles imputados se negaron a responder a sus preguntas, sí formuló éstas para dejar constancia de las mismas. Una de las preguntas era si un guardia civil debe ejercer la fuerza “necesaria” para reducir a una persona agresiva es posible que ésta sufra lesiones, entonces, ¿por qué no es llevada a los servicios sanitarios para que comprueben esas lesiones? ¿Quién da esa instrucción?”. Por otra parte, algunos de los agentes aseguraron que un inmigrante intentó agredirles con un “garfio”, lo que a cualquier otra persona podría acarrearle una acusación por un delito de atentado, razona Rodríguez. ¿Por qué no se persigue el delito en el caso de los inmigrantes y quién da la orden para que esto sea así?
Sobre el inmigrante “semiinconsciente”, el abogado preguntó por qué no se solicitó la asistencia de la Cruz Roja, que estaba allí, para comprobar si efectivamente estaba en este estado o bien estaba “fingiendo”, como sostuvieron los agentes imputados.
Por último, el abogado de la parte querellante expresó sus dudas de que los guardias civiles decidieran a pie de valla y por decisión propia actuar como lo hicieron el pasado 15 de octubre. Por ello, en sus preguntas insistió en saber quién o quiénes dieron las instrucciones a los agentes para proceder así y, en consecuencia, poder determinar la responsabilidad.
A la espera del recurso en la Audiencia Provincial
El abogado José Luis Rodríguez informó a El Faro de que está a la espera de que le notifiquen la resolución del recurso que presentó ante la Audiencia Provincial en contra de la solicitud del Ministerio Fiscal del archivo de la imputación al coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por un delito de prevaricación en este procedimiento. Rodríguez dijo saber que los magistrados resolvieron este asunto a principios de marzo, pero aún no han recibido la respuesta.
Dos jornadas intensas de declaraciones
Entre el miércoles y ayer prestaron declaración ante el juez instructor un total de ocho guardias civiles, entre ellos, tres agentes de la unidad GRS procedentes de la península y el resto pertenecientes a la Comandancia de Melilla, un comandante, un teniente y tres agentes.
