El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, ha anunciado este martes que solicitarán al Gobierno central la derogación del Real Decreto 1/2023, de 10 de enero, que cambia las cotizaciones a la Seguridad Social en Melilla y que, en cuanto aquel se haya formado, convocarán una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
Además, los empresarios, ha dicho, tienen la intención de exponerle al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, su preocupación y el perjuicio económico que ocasionaría a las empresas, la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría su entrada en vigor el día 1 de septiembre y, en un futuro, la inestabilidad económica que ocasionaría para Melilla.
Para Alcoba, el Real Decreto tiene muchos inconvenientes, como que se pierde la bonificación automática del 50 por ciento en las cuotas de todos los trabajadores y que se bonifica sólo a los trabajadores indefinidos con 262 euros. Además, no se benefician los contratos temporales, las sustituciones o las bajas maternales y, encima, hay que dar formación a los empleados para tener derecho a la subvención, con el coste correspondiente para la empresa. Siguiendo con los inconvenientes para los empresarios, al terminar el ejercicio, hay que solicitar una subvención por la diferencia entre los 262 euros y el 50 por ciento que se tenía antes, pero, para cobrarla, hay que estar al corriente del pago de los tributos, impuestos y cuotas a la Seguridad Social en el momento de solicitarlos.
Por si ello fuera poco, Alcoba ha indicado que sólo se cobrará si hay dotación presupuestaria y varios meses más tarde, cuando la empresa tiene que adelantar el dinero, y habrá que tributar la subvención en el IRPF “cuando se cobre, si se cobra y si hay dinero”.
Finalmente, el presidente de la CEME ha advertido de que “tiene fecha de caducidad, porque termina en 2026 con el supuesto Plan Integral cuando algún día empiece”.
Para Alcoba, es clave “seguir los pasos de Ceuta e ir de la mano”, pero, mientras en la ciudad caballa el Gobierno local convocó la semana pasada la mesa de diálogo con la Ciudad, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, UGT y CCOO y todos estuvieron de acuerdo en que el nuevo Real Decreto “es un paso atrás y un retroceso en el régimen económico y fiscal de Ceuta”, en Melilla no hay Cámara de Comercio ni mesa de diálogo social.
En su opinión, Gobierno, empresarios y sindicatos deberían luchar juntos como en Ceuta, aunque, por lo que han hablado en recientes días desde los sindicatos, el problema es que “parece ser que están de acuerdo o no están muy descontentos con este Real Decreto”.
En este sentido, Alcoba ha apelado a la aplicación del artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Melilla, que dice que “la ciudad de Melilla, mediante acuerdo de su Asamblea, podrá proponer al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para modificar las leyes y disposiciones generales aplicables, al objeto de adaptarlas a las peculiaridades de la Ciudad”. De ese modo, y con el acuerdo de todos los diputados, se podría, en su opinión, “tomar las medidas necesarias para modificar el RD 1/2023 para adaptarlo a las peculiaridades de Melilla”.
El presidente de la CEME confiaba en que la situación se iba a solucionar como pasó con la bonificación a los autónomos a los dos o tres meses y que se iba a derogar el Real Decreto. Por eso, esperaron hasta el último Consejo de Ministros de la legislatura, pero ahora, aun no habiendo Gobierno, quieren “transmitir el descontento y la preocupación del sector empresarial”.
“¿Hay alguien en Madrid que defienda los intereses de Melilla y Ceuta? ¿Qué será lo próximo?”, se ha preguntado Alcoba, quien confía en que el nuevo Gobierno tome las medidas oportunas. Si no es así, según sus cálculos, se perderían diez millones al año para Melilla y Ceuta, lo cual ocasionaría una “pérdida de atractivo” para que las empresas vengan a la ciudad, ya que en cualquier otro sitio “hay el triple de potenciales clientes que aquí”.
A su parecer, varios son los problemas de Melilla al que habría que sumar este: “la ciudad como la tenemos, la frontera prácticamente cerrada, no vienen turistas porque los precios son carísimos y Marruecos no permite llevarse nada”. Así, sólo quedarían los clientes locales, pero, ha opuesto, Melilla “es una ciudad desierta a cualquier hora porque no hay nadie, con la mitad de la población en la península y la otra mitad en Marruecos”.
Según Alcoba, ya no sólo se trata de atraer a empresas, sino de mantener las que ya existen, “porque alguno ha hecho números y no van a poder subsistir si no es echando a parte de la plantilla”, y eso no es lo que quieren.
Por lo tanto, ha pedido Alcoba, “que nos dejen como estamos: la aduana comercial, el régimen de viajeros y la bonificación a la Seguridad Social”, ya que “el atractivo de esta ciudad son los beneficios fiscales” y no la distancia respecto a la península, la carencia de materia prima o el espacio disponible.
Al respecto, lo que también ha demandado Alcoba es seguridad jurídica, ya que “no se pueden cambiar las reglas del juego continuamente”, y “un respaldo” del Gobierno central y de la Unión Europea (UE). Al respecto, Alcoba ha sugerido que el Gobierno y los eurodiputados exijan a la UE el mantenimiento del estatus de Melilla en cuanto al régimen fiscal, tal como ha hecho Gibraltar, donde hay más de 20.000 empresas, según sus cálculos, y que cuenta con “una economía bastante boyante”. “A Melilla y a Ceuta hay que buscarles un futuro parecido, pero, para eso, tiene que apostar primero Madrid y después Europa”, ha añadido. Y es que, ha recordado, “, al estar fuera de la península y al carecer de industria, turismo, pesca o agricultura, y teniendo la lejanía que tenemos de nuestro país, es nuestro deber solicitar a Europa ser una región ultraperiférica o una zona económica especial para poder ser atractivo para posibles inversores y así poder crear empresas y puestos de trabajo”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Melilla y vicepresidente de la CEME, Chakib Mohamed, ha insistido en que el asunto es “de extrema gravedad” y que están preocupados por la pérdida de poder adquisitivo de entre un siete y un ocho por ciento tanto de los empresarios como de los empleados.
Cree Mohamed que, tras años con pérdidas de bonificaciones, incluso podría plantearse dejar de tener el plus de residencia, “el atractivo más grande de esta ciudad”. “No demos pistas”, la ha respondido Alcoba acto seguido.
Mohamed ha recalcado que, al no haber industria en la ciudad, el atractivo de Melilla son las bonificaciones y ha pedido que, en lo sucesivo, al menos se les consulte, porque, en la actualidad, ni siquiera saben cuál va a ser la base de cálculo de gastos de la Seguridad Social, lo cual influye en que ni siquiera puedan ellos calcular sus gastos en los negocios o para una contrata. “Los empresarios se pueden pillar las manos si no calculan bien”, ha opinado.
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