El debate sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en las escuelas infantiles de Melilla sigue sumando voces y posiciones encontradas. A la reciente petición de los padres de alumnos y a la defensa de esta medida realizada por Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Abogados de Melilla, se suma ahora la opinión del personal de estos centros: la mayoría de los trabajadores de las escuelas infantiles rechaza la instalación de cámaras en las aulas.
Así se desprende de una encuesta elaborada por la Federación de Enseñanza de USO (Feuso) entre el personal de las escuelas infantiles de la ciudad autónoma. Según los resultados, los trabajadores están mayoritariamente en contra de colocar dispositivos de grabación en su lugar de trabajo, a menos que las imágenes grabadas fueran de acceso exclusivo para la dirección del centro y se establecieran garantías estrictas de privacidad.
Feuso puso en marcha esta encuesta tras el debate social que se abrió en Melilla en torno a esta medida, después de que la asociación Teama solicitara oficialmente la instalación de cámaras a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Esta petición surgió como reacción a diversos casos de supuesto acoso y maltrato a menores detectados recientemente en diferentes puntos de España. Teama defendió que las cámaras se implementaran especialmente en aquellos centros que escolarizan a alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, dada su mayor vulnerabilidad.
En la nota emitida por el sindicato, se aclara que una parte del personal no descarta completamente la videovigilancia, siempre que se establezcan limitaciones claras. Entre ellas, se incluye no grabar ciertas zonas sensibles ni durante todas las franjas horarias, con el fin de proteger la intimidad de niños y trabajadores. Además, insisten en que las grabaciones no deberían difundirse al exterior, para evitar manipulaciones o usos indebidos de las imágenes.
Feuso ha hecho un llamamiento a la Ciudad Autónoma de Melilla y a las empresas gestoras de las escuelas para que sigan apostando por la modernización y la mejora de la seguridad en estos espacios educativos, garantizando su carácter seguro, acogedor y de plena confianza para todos los miembros de la comunidad educativa.
Postura de los padres
La opinión de los trabajadores contrasta con la postura expresada semanas atrás por las familias de los alumnos. Tal como informó El Faro de Melilla, los padres solicitaron de manera formal la instalación de cámaras de vigilancia en las escuelas infantiles, preocupados por el bienestar y la seguridad de sus hijos. Alegaban que esta medida ofrecería tranquilidad tanto a las familias como a los propios profesionales, al aportar una herramienta de supervisión que podría servir tanto para prevenir incidentes como para esclarecer situaciones comprometidas.
El debate no se quedó solo en el ámbito educativo. Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Abogados de Melilla, defendió públicamente la implantación de cámaras de videovigilancia en estos centros. Imbroda subrayó que la protección de los menores debe ser prioritaria y consideró que los dispositivos de grabación podrían ser una herramienta efectiva para salvaguardar sus derechos, sobre todo en edades tan tempranas y vulnerables como las que atienden las escuelas infantiles.
El decano apuntó que las cámaras no deben ser vistas como un mecanismo de control o desconfianza hacia los profesionales educativos, sino como un recurso para proteger tanto a los menores como a los propios trabajadores frente a posibles acusaciones o situaciones conflictivas.
Debate abierto y complejo
La polémica sobre la instalación de cámaras en las escuelas infantiles pone de manifiesto un choque de intereses legítimos: por un lado, el deseo de protección y transparencia manifestado por las familias y algunos sectores jurídicos; por otro, la defensa de los derechos laborales, la intimidad y la dignidad profesional que esgrimieron los trabajadores a través de la encuesta de Feuso.
Mientras la Dirección Provincial analiza las diferentes posturas, el debate social sigue abierto en Melilla, en un contexto nacional cada vez más sensible a la seguridad y los derechos de los menores en los entornos educativos.
