Los educadores sociales piden abordar las condiciones laborales en las que desempeñan su labor

La Asociación Melillense de Educadoras y Educadores Sociales (Asmees), organización profesional de carácter apolítico, se dirigió a la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, Randa Mohamed con profunda preocupación ante la situación que atraviesa el colectivo, especialmente en el ámbito de los centros de menores de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Según manifiesta en un comunicado de prensa, los recientes acontecimientos, tanto a nivel nacional con el trágico asesinato de una compañera de profesión en Badajoz, como los altercados ocurridos en el centro de menores de La Purísima, donde varios trabajadores resultaron heridos, ponen de manifiesto la necesidad de abordar las condiciones laborales en las que desempeñan su labor.

Como profesionales de la Educación Social, aseguran que su compromiso con la atención a menores en situación de vulnerabilidad es incuestionable. Sin embargo, consideran fundamental que esta vocación se desarrolle en un entorno que garantice la integridad física y mental de quienes trabajan en este ámbito.

Por ello, solicitamos a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública la adopción de medidas para fortalecer la seguridad de educadores y educadoras sociales en los centros de menores mediante la implementación de protocolos de seguridad efectivos, la presencia de personal de

seguridad cualificado y la mejora de las infraestructuras de los centros, en colaboración con las empresas subcontratadas que los gestionan.

De la misma forma, piden optimizar las condiciones laborales del colectivo: incluyendo la adecuación de ratios de profesionales por menor, la gestión eficiente de la carga de trabajo, la formación continua y el reconocimiento de la labor que desempeñan.

Tampoco se olvidan de la necesidad de garantizar que las actuaciones socioeducativas y funciones de acompañamiento sean realizadas por graduados en Educación Social. "Contamos con las herramientas y habilidades necesarias para ello, y la correcta profesionalización de los puestos de trabajo es esencial para garantizar la calidad de la atención a los menores", afirman al respecto.

Por último, creen que es necesario proporcionar apoyo jurídico y que, para ello, es fundamental contar con apoyo jurídico para los profesionales que trabajan en esta área, debido a la alta carga emocional y los riesgos inherentes a ella.

La entidad reitera su disposición a colaborar con la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública para encontrar soluciones a esta problemática y garantizar el bienestar tanto de los menores atendidos como de los profesionales que trabajan con ellos.

El último motín

Cabe recordar que un motín protagonizado por unos 30 menores en el centro de acogida de La Purísima volvió a poner en evidencia la situación crítica que vive este dispositivo de atención a menores en Melilla. Los hechos ocurrieron a finales de marzo, cuando los jóvenes exigieron 10 euros como gratificación por el final del Ramadán. La negativa a dicha petición derivó en una escalada de violencia de extrema gravedad.

Los menores, visiblemente alterados, adoptaron una actitud agresiva al no obtener la gratificación solicitada. Según fuentes del centro, los menores bloquearon el acceso a la Dirección y comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes, como destornilladores, contra el personal. La situación alcanzó un nivel de violencia tan elevado que los trabajadores de primera acogida quedaron retenidos. Fue necesaria la intervención de compañeros para evacuar al responsable de Dirección, quien fue amenazado de muerte y posteriormente presentó denuncia ante la Guardia Civil.

Tras forzar las puertas del recinto, los jóvenes salieron al exterior y continuaron el ataque desde fuera, lanzando más piedras contra el personal. La rápida intervención de la Guardia Civil logró dispersar al grupo, aunque los insultos y amenazas persistieron. El incidente dejó varios trabajadores heridos y daños materiales significativos.