Las obras de instalación de concertinas y de vallas en el paseo del espaldón del puerto han finalizado. El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, visitó ayer la zona y destacó que el objetivo de evitar entradas ilegales se está consiguiendo al reducirse a la mitad el número de intrusiones en la zona de seguridad de estas instalaciones. También aseguró que se va a reforzar la vigilancia en el área que da al mar, porque es otra vía que se puede utilizar para llegar hasta los barcos. Además, aseveró que hay preparado un dispositivo para controlar uno a uno los camiones que entran en el puerto y que se llevará a cabo entre la Policía Portuaria y la Guardia Civil.
Marín recordó que fue el verano pasado cuando se comprometió a mejorar la seguridad del puerto y a reducir el número de intrusiones aplicando varias medidas. Una de ellas es la instalación de vallas de gran altura y concertinas en el paseo del espaldón. Esta obra está terminada. No obstante, no se abrirá dicho paseo a los ciudadanos hasta un poco antes de que finalice el verano.
Baja el número de intrusiones
El presidente de la Autoridad Portuaria indicó que acababa de firmar la orden para que salga a licitación la construcción de una caseta que se instalará al final de este dique. Allí habrá vigilancia las 24 horas del día. Esto no sólo evitará que haya personas intentando entrar por estos muros al puerto, sino que darán más seguridad a este paseo por las noches. Añadió que para agosto puede estar finalizada la obra de la caseta y contar ya con esta servicio de vigilancia.
También se han puesto ya todas las cámaras de seguridad que se habían previsto.
Marín hizo hincapié en que ya se ha notado una disminución de las intrusiones en el puerto tras la instalación de la valla y de la concertina. El 90% de ellas se realizaban por este espaldón.
Informó de que en el 2017 se registraron 19.000 entradas irregulares en el puerto. Nada más que en enero se contabilizaron 3.122. Sin embargo, esta cifra se ha reducido un 54% en marzo, cuando se contabilizaron 1.412 entradas aunque aún no estaban terminadas las obras de las vallas.
Marín señaló que si se analiza la segunda quincena de enero se recoge la entrada de 1.457 personas, mientras que en el mismo periodo de marzo fueron 441, lo que supone una disminución de casi un 70%. “Es un dato realmente significativo”, aseveró.
Es más, el presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla resaltó que el número de menores que intentaron entrar en la segunda quincena de enero fue de 329 y en los mismos quince días de marzo se redujo hasta los 85, es decir, una bajada de un 74%.
Además de mejorar la seguridad del puerto, Marín puso en valor que se podrá “recuperar” este paseo para los melillenses. “Es una zona donde llevan campando muchos años los extranjeros, menores o mayores. Los vamos a retirar de este espacio y se lo vamos a dar al conjunto de los melillenses antes de que termine el verano”, añadió Marín.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, hizo mención ayer a las críticas que está recibiendo la institución a través de las redes sociales por un conflicto que hay con un policía portuario que fue despedido y luego readmitido por una orden de un juez. En concreto, explicó que este trabajador estuvo de prueba durante unos meses y al finalizar este periodo, todos los informes de diferentes jefes de la Policía Portuaria indicaban que no cumplía con los requisitos para desarrollar esta labor. “Eran informes contundentes sobre el proceder de este empleado a la hora de realizar sus funciones ordinarias y, por lo tanto, se propuso que no superaba el periodo de pruebas y no continuaba trabajando”, añadió. El trabajador recurrió al Juzgado de lo Social de Melilla y éste dio la razón a la Autoridad Portuaria. No obstante, el denunciante recurrió la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde le dieron la razón y fue readmitido en su puesto de trabajo. Sin embargo, Marín indicó que la entidad que preside ha vuelto a recurrir este asunto ante el Tribunal Supremo porque entiende que el trabajador “no cuenta con las aptitudes” para desarrollar su trabajo. Indicó que se trata de una labor de responsabilidad en la que se ofrece un servicio a la ciudadanía.
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