Los acusados del ‘voto por Correo’ empiezan a declarar un mes después de la suspensión

• Hoy están citados en los juzgados, después de que un cambio de defensa aplazara las vistas de octubre

El juicio del caso ‘Voto por correo’ arranca hoy, casi un mes después de que todas las vistas programadas para octubre tuvieran que suspenderse después de que el acusado Nordin Abdel-Lah manifestara su intención de cambiar de abogado al no estar de acuerdo con la línea de defensa que había seguido por el letrado.

Más de 30 procesados

La treintena de procesados, dirigentes y ex dirigentes de PSOE y CpM, acudieron a primera hora del día 9 de octubre a los juzgados de Melilla, donde estaba previsto que diera comienzo la fase del juicio oral. Sin embargo, si todo va según lo previsto, será hoy cuando continúe el juicio oral.

Peticiones de la Fiscalía

En el juicio prestarán declaración los procesados por su supuesta relación con una trama de compra de votos en las elecciones generales de 2008. Según la acusación de la Fiscalía, el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, y el exsecretario general del PSOE, Dionisio Muñoz fueron los principales ideólogos de un “entramado orientado a la captación ilegal de votos”. En su escrito, el ministerio público expone que ambos hicieron un llamamiento masivo al voto por correo “bajo la promesa de la obtención de un puesto de trabajo en los planes de empleo”.

La fiscal también considera que fue decisiva la participación del entonces delegado del Gobierno, Gregorio Escobar. “Era la persona que canalizaba todo el proceso para la contratación en los planes de empleo”, apunta. Asimismo, indica que Escobar siempre actuó “en connivencia con los dos principales acusados”.

Aberchán y Muñoz están acusados por delitos continuados electorales, falsedad, prevaricación y asociación ilícita. La Fiscalía solicita para ambos 21 años de cárcel, así como 31 de inhabilitación especial para empleo público y multas de más de medio millón de euros.

En el caso de Escobar, el ministerio fiscal lo acusa de delitos de prevaricación y asociación ilícita y reclama 20 años de inhabilitación, tres de prisión y una multa de 14.000 euros.

Anulación de pruebas

Hay que recordar que hace unos meses los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a los letrados de la defensa, que solicitaron la anulación de las escuchas telefónicas que se llevaron a cabo durante la fase de instrucción. Una decisión que a juicio de los abogados de la defensa puede ser clave en el proceso.

Además, se anularon las declaraciones incriminatorias que prestó uno de los principales testigos del caso, porque cuando hizo esta declaración no era acusado, pero posteriormente pasó a ser investigado.

El presidente de CpM ha insistido en todo este tiempo en que quería que comenzara el juicio para que todo se aclare. Ha señalado varias veces que ha sufrido mucho durante los casi diez años que se ha prolongado el proceso y que espera que ahora pueda saberse toda la verdad.

La complejidad del procedimiento ha hecho que la instrucción se haya prolongado mucho en el tiempo. Hay fechas señaladas en el calendario del procedimiento hasta el mes de julio del año que viene.