Logística Express ha sido denunciada por una veintena de sus trabajadores por el impago de las nóminas y los despidos sin finiquitos ni indemnizaciones a personas que llevaban en el sector entre 34 y 36 años. Esta empresa es ahora la propietaria de cuatro de las tradicionales agencias de transportes de la ciudad: Melilla Expres, Cabo Expres, Agencia Mérida y López Almendáriz, y está señalada por ser la que cobró el IPSI a sus clientes pero nunca llegó a ingresar el dinero en las arcas públicas.
Un grupo de trabajadores ha querido hacer pública la situación por la que están pasando, sin cobrar desde hace meses, ni la nómina ni las extras, otros despedidos sin finiquinito ni indemnización alguna y sin poder solicitar el subsidio de desempleo porque la empresa no termina de solucionar el papeleo que les permitiera al menos cobrar algo cada mes.
Estos empleados tienen el tema judicializado desde hace tres meses de forma colectiva y apuntan que si bien esta Logística Express llegó a Melilla en octubre de 2022 de la mano de Dirk Manuel Martins Jiménez, no ha sido hasta el verano de 2023 cuando las cosas empezaron a no ir medianamente bien.
Denuncian públicamente, además, que la empresa en cuestión les descuenta de sus sueldos la parte que les corresponde de pago a la Seguridad Social pero no ingresa el dinero y que otros compañeros en la península les han asegurado que también tiene fuertes problemas fuera de la ciudad. Según afirman, las agencias, cada uno por separado, estaban funcionando razonablemente bien pero que desde que fueron compradas por este individuo "la mala gestión ha hecho que la cosa esté fatal".
Lo curioso es que Logística Express "sigue contratando personal", al que continúa sin pagar la mensualidad. Estos trabajadores han querido dejar constancia, igualmente, de que los camiones que utiliza la empresa no están a su nombre y carecen de ITV e incluso de seguros de circulación. Es más, afirman que ni siquiera le ha pagado a los que fueron propietarios de estas agencias y que le vendieron el negocio hace unos años.
Por eso no entienden que "siga teniendo el respaldo de la Administración Local". No en vano, señalaron que la empresa sigue despachando mercancía a pesar de que esté en la Fiscalía todo el asunto relacionado con el IPSI, que cobraba a los comerciantes pero nunca liquidaba en la hacienda pública. "Sigue trayendo mercancía y lo que hace es que la despacha a través de otras agencias", explicaron estos trabajadores.
Como se recordará, hace unos meses se conoció que varios comerciantes melillenses se sintieron "estafados" por haber pagado el IPSI de su mercancía y, sin embargo, no haber sido ingresado en la Ciudad Autónoma, lo cual hacía que la Administración les exigiera la liquidación de un impuesto que ya habían abonado.
Tras tener constancia de esta situación, la Consejería de Hacienda optó por plantear el tema ante la Fiscalía melillense, al objeto de que se abriera una investigación y se esclarecieran las circunstancias de ese impago.
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