¿Lo revisamos?

Nunca llueve a gusto de todos. La matriculación extraordinaria de 700 alumnos, entre ellos 160 que no estaban escolarizados en Melilla, ha sido celebrada por la ONG Prodein, pero tiene en contra al sindicato de enseñanza CSIF y a la Ciudad.

No es fácil gobernar y el PSOE lo está comprobando. El problema tiene muchas aristas y no es ni todo blanco, ni todo negro.

El sindicato CSIF cuestiona que los niños matriculados de forma extraordinaria sean metidos con calzador en las aulas de Melilla ya de por sí masificadas.

Para que nos entendamos: mientras en pueblos de Andalucía hay este curso ocho niños de media en Infantil, mi hijo va aquí a un con 30 matriculados. Si a mí me cuesta controlar sólo a mi pequeño no me quiero ni imaginar mi vida con otros 29 como él. En la ciudad los maestros tienen que hacerlo porque son lentejas.

Así que es normal que los sindicatos se quejen. Como también es legítimo que los padres nos quejemos porque la atención que recibe un niño en la península es superior a la que la escuela pública ofrece en nuestra ciudad.

Prodein, por su parte, ha defendido el derecho de los niños en edad escolar a ser matriculados. Le asiste la razón. España ha firmado tratados internacionales que ratifican la obligación de educarlos tengan o no papeles.

Aquí llega una patera con dos niños subsaharianos y estos son escolarizados, unos más rápido que otros, pero al final, todos terminan yendo a clase y hasta recibiendo refuerzo de español en el CETI.

Sin embargo, una familia marroquí se instala ilegalmente en Melilla con sus hijos y entonces cambian las cosas.

En este punto se complica la historia. ¿Por qué si España tiene un convenio de devolución de inmigrates con Rabat hay marroquíes viviendo ilegales en la ciudad?

Es relativamente sencillo de explicar. Tenemos un tratado de buena vecindad con Nador, una de las provincias más pobres de Marruecos. Los nadorenses pueden entrar en Melilla con su pasaporte y permanecer legalmente en la ciudad hasta las 22:00 horas. A partir de ese momento, pueden ser arrestados y expulsados de España.

Ese vecino marroquí trabaja aquí porque a los melillenses les sale más barato que un español a la hora de contratarlo sin pagarle Seguridad Social. El hombre se trae a su familia a Melilla y además consigue alquilar una habitación en mal estado en La Cañada, Reina Regente, el Poblado o Ataque Seco. A las diez de la noche, cuando llega el toque de queda, él se mete en su casa, cierra la puerta, enciende la tele y ningún policía va buscarlo para devolverlo a su país natal: Marruecos.

En esa situación pasan los años y un buen día, aunque sigue sin papeles, logra empadronarse y sus hijos, que han nacido o crecido en Melilla y hablan el español que no entienden sus padres, puede matricularse en un colegio... siempre y cuando gobiernen el PSOE.

CSIF se pregunta por qué esos niños sin escolarizar no han sido matriculados en la Residencia de Estudiantes Hispanomarroquíes que está en Melilla y acoge alumnos del país vecino. Buena pregunta, que no debería caer en saco roto. Quizás la Dirección Provincial de Educación podría estudiar esa posibilidad.

Este fenómeno no es sólo nuestro. En Estados Unidos ha pasado algo parecido. Los hijos de inmigrantes que llevan 10 y 20 años ilegales en el país, porque allí no hay regularizaciones masivas ni extraordinarias como en España, se encuentran ahora con que Donald Trump quiere expulsarlos del país pese a que han nacido o crecido en Estados Unidos.

Ellos pertenecen a una generación que se ha beneficiado de la decisión migratoria que se conoce como DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia), que intenta beneficiar a quienes, pese a carecer de papeles, son americanos y además tienen un nivel educativo alto.

Los demócratas han salido en su defensa porque esos niños son tan americanos como el resto aunque sean indocumentados.

En Melilla, este año, por fin, 160 niños sin escolarizar han podido acudir a la escuela, después de muchas manifestaciones y de que el Defensor del Pueblo planteara la necesidad de solucionar este problema crónico.

En Ceuta lo solucionaron antes que nosotros habilitando una especie de aulas de refuerzo. Aquí no se hizo por temor al efecto llamada. No nos engañemos: todos sabemos (los de izquierda, los de derechas y los ultras de las dos esquinas) que todos los padres marroquíes que quieran un futuro mejor para sus hijos intentaran que vengan a estudiar gratis a Melilla.

Es normal que lo intenten. Todos lo haríamos si estuviéramos en su lugar. El problema es que nuestra ciudad malamente puede hacer frente a la enseñanza en condiciones de los niños que tenemos aquí, como para plantearnos educar a todo el norte del Rif.

Y en este punto entra la frontera. No me explico por qué para salir de Melilla tengo que pasar controles exhaustivos cuando voy con mi hijo y en Beni Enzar no.

La frontera es un coladero, no de ahora sino de siempre. Hace poco supimos que muchos menas pagan 20 euros a marroquíes adultos para que los introduzcan en Melilla haciéndolos pasar por sus hijos.

Hay que controlar quién entra por la frontera con un menor de edad y por qué al salir (debería estar obligado a hacerlo) no se lo lleva de vuelta. Pero eso no lo puede hacer el mismo policía que está desde las 6 horas controlando la entrada de 20.000 personas al día. Hace falta refuerzo porque de lo contrario seguiremos con los servicios básicos colapsados.

De momento, Educación ha pedido la tarjeta sanitaria y recibos de la luz como avales para demostrar que se vive en Melilla. Pero al volver a ser universal la sanidad no sé hasta qué punto esto se convertirá en café para todos.

Los que somos padres no nos podemos imaginar las aulas con más ratio de la que ya hay. Están así porque el crecimiento de la natalidad en nuestra ciudad no ha llevado aparejado una planificación de los recursos como debe de ser. Si los niños entran, una vez aquí no se puede mirar para otro lado. El quid del asunto está en el tratado de buena vecindad. Marruecos se lo pasa por el forro cuando le da la gana. ¿Lo revisamos?