En el Consejo de Gobierno del 13 de enero se analizó un informes sobre la compatibilidad de Julio Liarte, el exconsejero de Economía, como presidente de Promesa. De esta forma, los miembros del Ejecutivo aprobaron la propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la compatibilidad de Liarte en el que su conclusión inidca que en el caso de que LIarte no perciba ninguna retribución por ostentar el cargo podrá percibir las dietas.
El acta de la reunión de los miembros del Ejecutivo local recoge el informe técnico de la jefa de sección de Retribuciones. En ella especifica que Liarte es funcionario de carrera perteneciente a la escala de administración especial del grupo A subgrupo A1.
El 4 de julio fue nombrado Consejero de Hacienda, Economía y Empleo y pasó a una situación administrativa de servicios especiales. Además, en el Consejo de Administración del 23 de julio fue nombrado presidente de Promesa. Como era consejero de Hacienda, este cargo no estaba retribuido, recoge el acta.
También se subraya que el 20 de noviembre tuvo que ser cesado de su cargo en el Gobierno, motivado por la sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso de Ceuta que afectaría también en Melilla por el tribunal entiende que solo pueden ser consejeros los diputados electos de la Asamblea. Liarte no era diputado y tuvo que dejar su puesto en el Ejecutivo. Esto llevó a una orden del 22 de noviembre a indicar que pasaría a la situación administrativa de servicio activo.
La normativa indica que un funcionario no puede ocupar un segundo puesto de trabajo o cargo en el sector público. Pero también contempla excepciones. Según el informe de la jefa de la sección de Tributos, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley que en representación del sector público pertenezca a consejos de administración u otros órganos de Gobierno de entidades o empresas públicas o privadas, solo podrán percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos. Además, indica que no se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno, salvo que se autorice de manera excepcional.
Además, se subraya que es competencia del Consejo de Gobierno de la Ciudad la autorización o denegación de compatibilidades al personal al servicio de la Ciudad para un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público.
Por otro lado, fue el 19 de diciembre cuando el Gobierno Local confirmó que su propuesta para ocupar la presidencia de Promesa era Julio Liarte, que ya la había presidido con anterioridad al cambio de Ejecutivo motivado por la sentencia del Tribunal Supremo.
El Gobierno local indicó que esta propuesta se había dejado sobre la mesa de la Junta General de Promesa porque el PP dijo que no cree que sea compatible su posición de funcionario de la ciudad con presidir esta institución. El Ejecutivo local subrayó que fue el propio Liarte el que solicitó hace un mes un informe sobre esta compatibilidad y aún se está esperando este documento. Por ello, se aceptó la propuesta de los populares y se ha quedado el asunto sobre la mesa.
El Gobierno local comentó que, aunque esperen este informe, saben que el resultado será favorable para Liarte y se le podrá nombrar como presidente de Promesa en una próxima reunión. De momento no se ha comunicado nada sobre si se ha producido ya este paso o no.
Los populares criticaron que se vaya a asignar un sueldo al presidente y que se aplique una puerta giratoria para Liarte. Sin embargo, la Ciudad niega que esto sea así. El Gobierno local remarcó que su exconsejero es funcionario desde hace más de 36 años y que tiene a dónde ir tras dejar un puesto en el Ejecutivo no como ocurre con otros políticos.
En cuanto a que se asigne a un sueldo, el Ejecutivo destacó que en los propios estatutos de Promesa se recoge que el presidente tiene opción a cobrar un sueldo por el trabajo y que está estipulado que será como el de un consejero del Ejecutivo. Aseveró que el PP ya pagaba un sueldo a uno de los presidentes que hubo durante el Gobierno de Juan José Imbroda, que fue José María López Bueno.
También remarcó que poner de presidente a Liarte no significa un mayor gasto para la Administración. El Ejecutivo local subrayó que ahora le paga el sueldo de funcionario la Ciudad y si pasa a Promesa, lo hará esta entidad, pero con los mismos presupuestos locales. Indicó que el sueldo como funcionario es de 74.890 euros sin trienios y que como presidente de Promesa cobraría 76.390 euros, lo que incluso perdería dinero al renunciar por escrito a extras, mejoras salariales e indemnización por despido.
Para la Administración local, “el miedo” del PP de que el exconsejero de Hacienda se quede con esta empresa pública es que “haga bien su trabajo” y encuentre algo que no le interese a los populares.
Además, el Gobierno local dijo que cuentan con un informe que habla sobre que es compatible que fuera funcionario con dirigir una empresa mercantil como Proyecto Melilla, aunque éste no estaba recodio en el acta consultada.
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