El portavoz de PPL en la Asamblea insinúa que el Gobierno local demoró de forma “premeditada” la construcción de 600 VPO al no ceder terrenos a Sepes. El portavoz del Grupo de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, criticó ayer la negativa del Gobierno de la Ciudad a crear una comisión de investigación para esclarecer las razones por las que el Plan de Vivienda, que se firmó con el anterior Gobierno central, nunca se llevó a cabo. Liarte afirmó que en la comisión de Fomento, celebrada la pasada semana, el Grupo Popular tumbó con su mayoría la propuesta de PPL, la cual, no obstante, habían registrado hace un año. El diputado de PPL manifestó su indignación por la oposición del Gobierno local a investigar por qué no se construyó ninguna vivienda protegida de ese convenio en la última legislatura e insinuó que el Ejecutivo local probablemente demorara el desarrollo del convenio de forma “premeditada”. Además, señaló que el Grupo Socialista en la comisión se mostró a favor de la creación de ese equipo de investigación. Liarte lamentó que Melilla haya perdido 47 millones de euros para la construcción de 600 VPO, pues habría supuesto la creación de más de un millar de empleos en el sector de la construcción en estos últimos cuatro años. El diputado de PPL aseguró que la intención de su formación con esta petición de investigación no “prejuzgaba responsabilidad política alguna” y que el objetivo es que tanto el Gobierno local como nacional esclarecieran los hechos. Para el diputado de PPL, el apoyo del PSOE para la creación de esta comisión supone que el Gobierno de la Ciudad sí tuvo algo que ver en que el convenio de vivienda estatal nunca se desarrollase. Liarte puso ejemplo la reciente recalificación de los terrenos de los cuarteles de Santiago y Gabriel de Morales el pasado mes de octubre. Según explicó, esta recalificación ya estaba contemplada en el convenio firmado con el Ministerio de Defensa en el año 2008. Pero la nueva Ley del Patrimonio y el Suelo obligó a su modificación, que no se hizo hasta mediados de 2010. Ahora, dos años después, la recalificación es efectiva, lo que levanta las sospechas de Liarte de que el Gobierno de la Ciudad demoró de manera “premeditada” estos trámites, cuyo resultado es la pérdida de inversión y la no construcción de esas 600 viviendas protegidas.
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