Liarte afirma que el Ejecutivo local sabía que el puesto de interventor quedaría desierto

El portavoz de PPL asegura que las convocatorias públicas realizadas son “una coartada administrativa” utilizada por el PP.

Tras conocer que la convocatoria pública para cubrir el puesto de interventor en la Ciudad Autónoma ha quedado nuevamente desierto, el portavoz de Populares en Libertad (PPL) en la Asamblea, Julio Liarte, afirmó ayer que este trámite ha sido utilizado por el Gobierno local a sabiendas de que la plaza quedaría desierta por falta de candidatos. En nota de prensa, Liarte afirma que “las convocatorias publicadas por el Gobierno local han sido un coartada administrativa para impedir que se le acusara de incumplir la ley porque resultaba evidente que iban a quedar desiertas por la falta de presentación de candidatos”.
“Imbroda sabe que un interventor de carrera paralizaría toda la actividad económica dirigida a captar votos, crear una red de agentes electorales, conceder subvenciones arbitrariamente, fraccionar contratos o repartir contratos menores entre pseudoempresarios”, aseguró Liarte.
El portavoz de PPL insistió en que el Ejecutivo melillense “no tiene voluntad política de cubrir el puesto de interventor” porque la intención del presidente Imbroda, según Liarte, es “evitar que se controle adecuadamente el destino del dinero público”.

Libre designación
En este sentido, afirmó que el procedimiento de libre designación convocado por la Ciudad Autónoma es “una premeditada farsa administrativa para aparentar el cumplimiento de la ley y evitar otra investigación judicial”.
Liarte recordó que desde que accedió a la Asamblea en el 2011 su formación política no ha cesado de formular al Gobierno local “varias solicitudes y preguntas sobre la falta de cobertura reglamentaria de los puestos de interventor, secretario general y tesorero” en la Administración local.
Además, el diputado de PPL dijo que advirtió al PP de que antes de concluir el año su partido presentaría una denuncia para que se investigara judicialmente “los motivos que había llevado a Imbroda a incumplir la ley durante 14 años”.
Liarte insistió en que no está de acuerdo con el proceso de libre designación que el Ejecutivo local ha iniciado para cubrir esta vacante porque “si a Imbroda no le gusta el perfil de un interesado, declarará desierta la convocatoria”. “Es necesario que este puesto, como el de secretario y tesorero, se incluyan en los concursos unitarios convocados a nivel nacional y que su provisión se realice mediante un baremo objetivo”, argumentó el diputado.  
“Mientras no se cambien las condiciones del puesto de trabajo y el procedimiento de provisión, ningún interventor sensato y preparado vendrá a Melilla”, agregó.
Por último, Liarte señaló que el “interventor accidental” debe “examinar minuciosamente el proyecto de presupuestos para el año 2015”. Liarte explicó que “la reforma de la Ley de Régimen Local impide que los ayuntamientos gasten el dinero en actividades sobre las que no tienen competencias y, por tanto, debe analizarse si muchas de las partidas millonarias de subvenciones previstas en los próximos presupuestos tienen el necesario respaldo legal”.

Propuestas de PPL que incluirá en su programa electoral

El portavoz de Populares en Libertad (PPL) y candidato a la presidencia de Melilla en las próximas elecciones, Julio Liarte, adelantó ayer que su formación política garantizará en su programa electoral la cobertura de los puestos de interventor, secretario general y tesorero de la Ciudad Autónoma por funcionarios habilitados de carácter nacional. “La solución para cubrir estos puestos es muy sencilla: Mejorar sus condiciones y convocarlo mediante concurso”, aseguró en nota de prensa.
El candidato de PPL afirmó que “no es de recibo que el interventor de Melilla tenga peores retribuciones que los que desempeñan sus funciones en otros pueblos y ciudades con menos presupuesto”.
Además, añadió Liarte, “si Melilla se ha convertido en una ciudad de alto riesgo, cuya forma de gastar el dinero público es reiteradamente cuestionada por los juzgados, el Tribunal de Cuentas y la Guardia Civil, no es comprensible que el interventor tenga un sueldo inferior incluso al de otros funcionarios municipales”.