El juez decano de Melilla, Fernando Portillo, es uno de los 65 decanos de todo el país que ayer apoyaron la petición de explicaciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de que se publicara en prensa una investigación ‘secreta’ al magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia de la Justicia.
“En caso de confirmarse le habrían hecho a un juez lo que no se le hace ni al peor de los delincuentes”, aseguró ayer Portillo a El Faro para explicar la “generalizada inquietud que existe en la carrera judicial”, tras conocerse la existencia de diligencias informativas que se han mantenido en secreto durante más de un año “y en las que podrían no haberse respetado garantías constitucionales”, según recoge un comunicado conjunto al que se han adherido 65 jueces decanos de toda España, incluido el de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.
El Poder Judicial contesta
“Hemos ido a una”, señaló Portillo. Y como la unión hace la fuerza, ayer por la tarde el propio juez decano de Melilla confirmó a este diario que el Poder Judicial había reconocido en cuestión de horas que es cierto que encargó un informe sobre Ruiz de Lara, pero defendió que el procedimiento siguió los cauces legales.
Portillo ha diseccionado el proceso para El Faro para entender por qué es tan “grave” ese “informe secreto” sobre un magistrado para que 65 jueces decanos se hayan puesto de acuerdo y hayan pedido primero al CGPJ que confirme la noticia filtrada, luego que dé explicaciones y después que diga si hay más jueces investigados. Incluso el Foro Judicial Independiente, del que es vicepresidente Portillo, fue más allá y reclamó la dimisión de los responsables, de confirmarse los hechos.
Como una policía secreta
El proceso de sanción administrativa a un funcionario público cuenta con dos fases. La primera es la investigación o instrucción y la segunda, sanción y enjuiciamiento. En el caso de los jueces, previo a la investigación están las “diligencias informativas”, que aparecen recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial dos veces (también están previstas en Fiscalía de Menores). Se trata de una figura que no está regulada, lo que significa que no está marcado cuánto puede durar y se usa para evitar que se abran expedientes a los jueces por cualquier causa infundada, como por ejemplo, que a alguien no le guste una sentencia.
El juez decano de Melilla no es partidario de las “diligencias informativas” y prefiere, personalmente, que directamente se abra el expediente sancionador y si no hay nada, se archive, aunque reconoce “el peso y el estigma” que tiene el acto de expedientar.
En el caso del magistrado Ruiz de Lara lo que se ha hecho es un informe sobre su actividad y su conducta sin amparo, recalca Portillo. Ha sido investigado más de un año y el Poder Judicial no puede funcionar como una policía secreta.
Al juez decano de Melilla las “diligencias informativas” le generan “inseguridad por su falta de regulación” y esto, aclara, es una opinión estrictamente personal.
El control y la bondad
Y se siente inseguro, insiste, porque la figura “está muy bien, pero depende de la bondad del que esté arriba y el mecanismo de control no puede depender de que esté en manos de la bondad o de la maldad del que instruye porque pueden ser motivo de abusos, dependiendo de quién la lleva”, dice.
Por eso el juez decano de Melilla es partidario del expediente disciplinario, “porque tiene un plazo”.
Esta adhesión de Portillo a los comunicados suscritos el viernes por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces por la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente sobre el procedimiento disciplinario del Poder Judicial no tiene nada que ver con que él, como juez decano, esté o no esté de acuerdo con el motivo que ha llevado a investigar a un magistrado.
“Soy partidario de que quien la hace mal, la pague porque los jueces tenemos que ser ejemplo más que nadie, pero no podemos ser investigados sin ningún tipo de garantías. Eso no se le hace ni al peor de los delincuentes”, concluyó el juez decano de Melilla.
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