Las negociaciones con Marruecos, bajo la lupa de los investigadores tras la futura desclasificación de secretos oficiales

El nuevo proyecto de ley de información clasificada aprobado por el Consejo de Ministros promete abrir una etapa inédita de transparencia sobre episodios fundamentales de la historia reciente de España. Con la futura desclasificación de documentos anteriores a 1981, los investigadores centran su atención en las relaciones con Marruecos, especialmente en lo relativo al Sáhara Occidental, la Marcha Verde de 1975 y las negociaciones diplomáticas sobre Ceuta y Melilla.

La normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez sustituirá la ley franquista de secretos oficiales de 1968. Entre otras novedades, establece plazos automáticos de desclasificación: los documentos calificados como “alto secreto” se harán públicos después de 45 años, con una posible prórroga de 15 más; los “secretos”, a los 25 años; los “confidenciales”, entre 7 y 9 años; y los “restringidos”, entre 4 y 5 años.

Uno de los focos de mayor interés para periodistas, académicos y organizaciones de derechos humanos será el acceso a documentación sobre las relaciones hispano-marroquíes durante la segunda mitad del siglo XX. En concreto, sobre cómo se gestó la retirada española del Sáhara Occidental, la respuesta de las autoridades ante la Marcha Verde (la movilización de miles de civiles marroquíes en 1975) y los informes internos que podrían explicar la evolución de la postura española ante la soberanía de este territorio.

La asociación Amnistía Internacional ha subrayado la necesidad de que esta nueva normativa no solo permita conocer hechos del pasado, sino que garantice la transparencia futura. “Se tiene que abrir el candado de los secretos”, reclamó María del Pozo, responsable de relaciones institucionales de la organización.

El interés por conocer el contenido de estos archivos cobra especial relevancia tras el giro diplomático que se produjo en marzo de 2022, cuando el Gobierno español trasladó oficialmente su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Este cambio, confirmado a través de una carta enviada por el presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, se consolidó un mes después con la publicación de la declaración conjunta hispano-marroquí del 7 de abril de 2022.

En esa declaración, ambos gobiernos sellaron su voluntad de inaugurar una “nueva etapa” en sus relaciones bilaterales, marcada por el “respeto mutuo”, la “ausencia de acciones unilaterales” y la “transparencia y comunicación permanente”. También se anunciaron compromisos para reforzar la cooperación migratoria, comercial, aduanera y de seguridad. Sin embargo, ese entendimiento generó un fuerte debate político y social en España, especialmente por su impacto sobre la cuestión del Sáhara y el papel que juegan Ceuta y Melilla en las reivindicaciones de Marruecos.

La nueva ley de información clasificada podría, en el futuro, permitir conocer qué informes internos y valoraciones políticas condujeron al Ejecutivo a adoptar esa posición, así como las negociaciones paralelas mantenidas para frenar la llegada irregular de inmigrantes o redefinir el control fronterizo con el país vecino.

Además de lo relativo al Sáhara, los investigadores esperan poder acceder a documentación sobre la presión diplomática ejercida por Marruecos sobre Ceuta y Melilla a lo largo de las últimas décadas, incluyendo episodios sensibles como los asedios migratorios a las vallas fronterizas o la retirada de embajadores.

La desclasificación también podría arrojar luz sobre los vínculos históricos y estratégicos entre España y Marruecos en otras materias, como la cooperación militar, los acuerdos de exportación de armas o los posicionamientos durante la guerra de Irak, cuyos documentos más sensibles no se conocerán hasta, al menos, 2048.

En paralelo, se abrirá la posibilidad de revisar archivos relacionados con el papel de Juan Carlos I durante la Transición, su mediación en el golpe fallido del 23-F y otros episodios relevantes del reinado, aunque las informaciones sobre su abdicación o su marcha de España en 2020 aún permanecerán selladas durante décadas.

Con esta iniciativa, el Gobierno pretende ofrecer un marco legal que garantice la rendición de cuentas, el acceso a la información y la memoria histórica. Pero, al mismo tiempo, se abre un nuevo frente político y diplomático, especialmente si la desclasificación futura saca a la luz detalles incómodos sobre negociaciones pasadas con Marruecos, país cuya influencia sobre el tablero geoestratégico del sur peninsular —incluidas Ceuta y Melilla— sigue siendo motivo de escrutinio público.