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Las Juntas de Personal acusan al Ingesa de “mentir” sobre la difícil cobertura en Melilla

Denuncian la falta de incentivos, exigen una dotación presupuestaria urgente y acusan a la Administración de perpetuar la desigualdad asistencial

Las Juntas de Personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta y Melilla han acusado abiertamente al Ministerio de Sanidad y a la Dirección General del citado organismo público de "mentir" sobre la aplicación efectiva de la Zona de Difícil Cobertura (ZDC) en ambas Ciudades Autónomas. En un comunicado conjunto emitido este 29 de octubre, los representantes de los trabajadores sanitarios han expresado su “hartazgo” ante lo que califican como reiteradas promesas incumplidas y una total falta de voluntad política para revertir la situación asistencial.

“No aceptamos más mentiras sobre la Zona de Difícil Cobertura. Promesa tras promesa, todo ha quedado diluido. La realidad es que no es una prioridad para Ingesa”, denuncian los portavoces sindicales, quienes insisten en que no están pidiendo privilegios, sino el mismo trato que el resto del territorio nacional, especialmente en materia de atención sanitaria pública.

Desde la aprobación del Real Decreto 118/2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de febrero de 2023, todos los puestos de trabajo del INGESA en Ceuta y Melilla se consideran, por norma, como de difícil cobertura. No obstante, según las Juntas, esta declaración se ha quedado en papel mojado. "Lejos de aplicarse medidas reales, ahora incluso afirman que todos los puestos están cubiertos, lo cual no se corresponde con la situación actual en los centros sanitarios", critican con dureza.

La consecuencia directa de esta falta de actuación, aseguran, no solo repercute en el personal, sino que penaliza gravemente a la ciudadanía. "Los pacientes ven aumentadas las listas de espera y, en muchos casos, deben desplazarse a la península para recibir atención médica que debería estar garantizada aquí", subrayan, lamentando una situación que califican de discriminatoria.

Las Juntas de Personal argumentan que Ceuta y Melilla superan ampliamente los criterios establecidos por el Ministerio para ser consideradas Zonas de Difícil Cobertura, que exige cumplir al menos tres de trece ítems. A esto suman elementos que, aunque no recogidos formalmente, agravan la situación: aislamiento geográfico, elevada presión migratoria, enfermedades endémicas o el carácter transfronterizo de ambas ciudades. Aspectos que, insisten, deberían ser tenidos en cuenta por Sanidad a la hora de implementar políticas justas y adaptadas a la realidad de estas regiones.

Además, apelan a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que identifica zonas potenciales de conflicto, desastre o catástrofe según factores como la ubicación geográfica, la movilidad poblacional o la relevancia sociocultural. "Ceuta y Melilla, se miren por donde se miren, cumplen condiciones excepcionales que justifican medidas específicas", insisten.

En julio de 2023, Ingesa reconoció oficialmente que Melilla era una Zona de Difícil Cobertura, aunque hasta la fecha no ha habido avances significativos en la implementación de medidas concretas. Las Juntas consideran este hecho una prueba más del “abandono institucional” que sufren ambas ciudades, traducido en una atención sanitaria desigual y en una pérdida de derechos tanto para el personal sanitario como para los usuarios.

Frente a esta situación, exigen al Ministerio de Sanidad y a Ingesa que den el paso definitivo: la ejecución formal de la ZDC con la dotación de una partida presupuestaria específica para aplicar los incentivos comprometidos. Reclaman también la puesta en marcha de medidas de atracción y fidelización de profesionales, como complementos retributivos, estabilización de la carrera profesional, acciones formativas de calidad y mejora en las condiciones laborales.

“Ceuta y Melilla no pueden seguir siendo las grandes olvidadas del Ministerio”, concluyen, reiterando su compromiso con los trabajadores y con el derecho de la población a una sanidad pública digna, accesible y en condiciones de equidad con el resto del país. La falta de actuaciones concretas, insisten, no solo socava la calidad asistencial, sino que perpetúa una situación de desigualdad territorial que es urgente corregir.

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