Las detenciones se aceleran al declarar varios miembros de PPL ante la Guardia Civil

La investigación de la ‘Operación Montecristo’ “debe mucho” a la declaración de varios miembros de PPL en la Guardia Civil entre noviembre y diciembre de 2014.

Éste es el argumento que utilizan las fuentes consultadas de PPL para desvincularse de la acusación del delito de descubrimiento y revelación de secretos que se achaca a los investigados en el sumario del caso, al que ha tenido acceso este periódico.
Hasta el momento en el que declararon Llanos J., L.C. López Rueda y Paz Velázquez, la Benemérita no tenía nada atado, según éstas fuentes. “Estados Unidos había denegado el permiso para que Facebook diera las IP desde donde se habían creado los perfiles de Lisbeth Salander y el juez decano Emilio Lamo de Espinosa (ex titular del Juzgado de Instrucción Número 2) tampoco autorizó el pinchazo de los teléfonos”.

Cuatro días más tarde
La última declaración de los miembros de PPL (Llanos, López Rueda y Velázquez) se produjo el 15 de diciembre de 2014. Cuatro días más tarde fueron arrestados cinco de los siete investigados.
Entre ellos, Fran C. y su esposa (T.V.), los principales acusados de estar detrás del perfil de Lisbeth Salander. También Nieves V., Isabel S. y Félix G., considerados colaboradores necesarios.
Según las fuentes de El Faro, fue a raíz de las detenciones y de los registros practicados, que los agentes encontraron pruebas que inculpaban a los detenidos “porque Lisbeth Salander no borraba las conversaciones de Facebook”.
A Nieves V., añaden las mismas fuentes, le encontraron más de un centenar de fotografías de militares de tropas de la ULOG 24. Entre ellas, una de E. E., que había trabajado en el Centro Gámez Morón y estaba seguro de que Fran C. y su mujer estaban detrás del perfil de Lisbeth Salander. Éste nunca habría llegado a ser lo que fue (noticia en medios nacionales e internacionales) de no haber recibido la colaboración de políticos o afiliados de todos los partidos políticos de Melilla. También de funcionarios judiciales y de al menos un guardia civil y un policía nacional.