Las defensas de la ‘Ópera’ confían en un pronto levantamiento del secreto

Después de que la Audiencia haya dejado sin efecto las medidas cautelares a Pérez Calabuig y Pastor, la investigación continúa bajo secreto, lo que limita a los imputados el ejercicio de su derecho a la defensa.

Después de que la Sección 7º de la Audiencia Provincial haya levantado las medidas cautelares impuestas al consejero y el director general de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig y José Pastor, como ya ocurrió con el ex consejero Ramón Gavilán el pasado febrero, las defensas de los imputados confían en que pronto se levante el secreto de sumario de la llamada ‘Operación Ópera’, máxime teniendo en cuenta que la investigación comenzó hace dos años y que la medida de decretar el secreto del sumario es “una excepción en el Estado de Derecho”.
Por una parte, esta situación judicial de la instrucción limita a los abogados de los imputados el ejercicio del derecho de defensa de sus clientes al desconocer cuáles son los hechos y delitos que se les imputa y cuál es su participación en los mismos. Además, en el Derecho Penal se recoge que el secreto de una investigación tiene una duración de un mes, que, si bien es prorrogable, esta decisión judicial debe ser “una excepción y no la regla general”.

Derecho de defensa
A partir de ahora, Pérez Calabuig y Pastor recuperan su pasaporte y no tendrán que comparecer los días 20 de cada mes en los juzgados, lo que venían haciendo cumplidamente desde el pasado octubre. Sin embargo, la situación no ha cambiado, por el momento, para los otros tres imputados con medidas cautelares: El empresario Abdelkader Kasem, el interventor de la Ciudad, Francisco Platero, y el jefe de la Oficina Técnica de Protección de Ambiente Urbano, Luis Carlos López Rueda.
Tras la marcha de Melilla de la jueza Mª José Alcázar, el Juzgado de Instrucción número 4 mantiene el secreto de la investigación, aunque las defensas de los imputados confían en que esta situación cambie. Esperan que se levante el secreto de sumario y las partes implicadas puedan acceder al contenido completo de la ‘Operación Ópera’, de la que únicamente se conoce públicamente que investiga presuntas irregularidades en la contratación pública en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Así las cosas, los abogados defensores no pueden hacer más que esperar a conocer qué hechos delictivos se están investigando y la supuesta implicación de sus clientes en los mismos, según las pesquisas de la Policía Judicial y la UCO de la Guardia Civil dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 4.
Por el momento, la situación continúa igual. A pesar del levantamiento de las medidas cautelares para tres de los imputados, el ex consejero Ramón Gavilán, el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, y su número dos en la Consejería, José Pastor, aún continúan con las medidas impuestas desde el pasado 18 de octubre el interventor de la Ciudad, Francisco Platero, y el jefe de la Oficina Técnica de Protección de Ambiente Urbano, Luis Carlos López Rueda, y el empresario de Reformas y Construcciones El Porvenir S.L., Abdelkader Kasem. Este último, cabe recordar, fue el primer detenido en el marco de la ‘Operación Ópera’ el pasado mes de septiembre y quedó en libertad 40 días después. Los otros cuatro fueron detenidos por la Guardia Civil en la mañana del 18 de octubre y quedaron en libertad casi 24 horas después, tras declarar ante la juez Alcázar.
La llamada ‘Operación Ópera’ saltó a la opinión pública por el registro de la Guardia Civil realizado en diversas dependencias de la Ciudad Autónoma, cuyo auto implicaba a los responsables del área de Medio Ambiente. Días después, Gavilán, Pérez Calabuig y Pastor convocaron una rueda de prensa en la que dieron explicaciones sobre los hechos presuntamente delictivos que se les imputaba.  Pocos días después se producirían las detenciones y una serie de comparecencias en el Juzgado de Instrucción número 4, entre ellas, la del portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, el anterior consejero de Fomento, Rafael Marín, el secretario general de la Asamblea, José Antonio Jiménez Villoslada, y dos técnicos más de la Ciudad Autónoma.