Ayer continuamos con una actualidad marcada por lo que ya todos conocemos: la impugnación electoral de CpM y sus peregrinos argumentos respecto del supuesto fraude o pucherazo del PP en los pasados comicios. A los conocidos sobre la distinta tonalidad de los sobres del mailing del PP, que CpM utiliza de forma estrafalaria para hacer valer que los populares compraron votos y hurtaron el derecho al sufragio secreto, se añaden ahora un grupo de 16 denuncias de particulares, que en 13 de los casos acusan a un tal “Sr. Benaisa” de haberles ofrecido dinero o promesas de trabajo para votar al PP, que en otro de los casos acusa al presidente de la A.V. Barrionuevo de haber hecho otro tanto de lo mismo, y que en el de una tal Ana.Belén C.C. sólo precisa que “una persona” sin identificar le prometió 100 euros, trabajo y una ayuda si votaba igualmente al Partido Popular, pero que cuando acudió a la sede del mismo partido a reclamar “no han cumplido con el ofrecimiento”.
Además, Mustafa M. M. denuncia que vio en la madrugada de la jornada electoral “como varias personas iban ofreciendo dinero a cambio de votar al PP” y que ha identificado también las matrículas de los vehículos en los que se movían los supuestos compradores de votos.
Lo curioso de todas estas denuncias no es ya que 13 de ellas denuncien al mismo “Sr. Benaissa”, al parecer exclusivo activista al servicio de los fraudulentos movimientos que CpM imputa a los populares, sino que todas ellas se interpongan a partir del 30 de mayo y la última justamente hace tres días, el pasado 8 de junio.
No deja de ser curioso que surjan una vez que el PP revalida su mayoría absoluta con tan abultada ventaja en número de votos sino que, además, empiecen a llegar a Comisaría y los Juzgados justamente después de que CpM ya haya empezado a anunciar que piensa impugnar las elecciones.
Es claro por qué ayer el portavoz del Gobierno local en funciones y secretario de Estrategias Políticas del PP, Daniel Conesa, dudara de la veracidad de las denuncias y hablase de la fraudulenta posibilidad de que se anden fabricando pruebas al servicio de la misma impugnación electoral de los cepemistas.
Para más inri, Mustafa Aberchán ofreció ayer junto a Llamazares una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en la que habló nuevamente de una presunta compra de 2.000 sufragios por parte del Partido Popular.
En su comparecencia ante la prensa madrileña, Aberchán ya desveló el sentido último de una impugnación que aspira a que se repitan las elecciones o en su defecto se anulen en cuatro mesas elctorales, en concreto una del parvulario del Colegio España (3.1.U), donde la ventaja de votos entre CpM y PP se acorta a 46 sufragios a favor del PP; otra del Colegio Mediterráneo (5.1.B) donde la ventaja de votos a favor de CpM y respecto del PP es de 36 sufragios; una mesa del Rusadir (4.4.B), donde la diferencia entre PP y CPM es de un solo voto a favor de los populares; y, por último, una mesa del Colegio Altos del Real o Estopiñán, en la que el PP gana por goleada, con 340 sufragios, frente a los 53 que obtiene CpM.
CpM elige la mesa 3.1.U. por apreciar en ellas los sobres de distinta tonalidad y se centra en las otras tres porque, según dice, en ellas se repartió propaganda de PP durante la jornada electoral con ocasión del catering que los populares hicieron llegar a sus interventores en el día de las votaciones.
Pide además que si se anulan las votaciones en esas cuatro mesas se suspenda la constitución de la nueva Asamblea hasta que se celebren nuevas votaciones en las mismas.
Todo lo anterior con un solo fin: lograr al menos los 54 sufragios de más que, según dicen, de haberse votado en libertad les habría otorgado un séptimo escaño, aunque de conseguirlo, tal cual reconocen en su impugnación, no variaría la nueva mayoría absoluta de 15 diputados conseguida por los populares pero sí restaría 1 al PPL de Ignacio Velázquez.
Esta es la pretensión final de un recurso que, según Aberchán dijo ayer en Madrid, tiene mucho más sentido que el presentado en 2007, porque en esta ocasión los hechos denunciados son “más graves” que entonces, cuando tanto se explotaron los casos Lence y Kassem, el de Julia o el de la dependencia municipal concedida a una entidad dedicada a la cultura Tamazight, que incluso fue registrada por la Guardia Civil.
Mañana le ofrecemos con más detalle el completo del recurso de CpM. Pero, entre tanto, hay otros asuntos de gran interés y preocupación para los melillenses, como el que dedicamos hoy a nuestra portada y editorial, relativo al encarecimiento de facto de los billetes de barco para quienes quieran iniciar sus vacaciones usando los enlaces de Trasmediterránea con Melilla.
Prácticamente han desaparecido, por agotados o limitados, los paquetes ahorros para los fines de semana, de modo que quienes quieran irse con su coche a la Península, sólo por poner pie al otro lado del charco y asegurarse su retorno, de no programar su viaje entre un lunes y un jueves, tendrán que pagar algo más de 500 euros y casi 600 según se trate de grupos de dos, tres o cuatro personas por camarote.
Estas barbaridades, más aún cuando hablamos de un transporte subvencionado por el Estado con un contrato de garantía de servicio público, sí que deberían preocupar del todo a nuestros políticos. Pero no, seguimos una vez más enfrascados en unas elecciones largas y tortuosas que adquieren tintes esperpénticos y grotescos con la impugnación de CpM.
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