Las cesiones de España a Marruecos a cambio del control de la inmigración irregular llegan a Canadá

The McGill International Review es una publicación canadiense con numerosos premios por sus artículos sobre política internacional y asuntos culturales. Entre los asuntos que cubre están las elecciones, la política de inmigración o el cambio climático. Es escrita por los alumnos de la Universidad McGill (Canadá) y de otras universidades de los Estados Unidos, el Reino Unido y México.

Siempre es interesante conocer cómo se ve la situación de las ciudades autónomas desde un punto tan alejado. Pues hasta allí ha dado el salto la situación de Melilla y de Ceuta respecto, fundamentalmente, a Marruecos y el pasado día 9 de enero Sabrina Nelson escribió un análisis titulado ‘La inmigración irregular como moneda de cambio: la diplomacia marroquí en Ceuta y Melilla’ y que contó con la edición de Rafay Ahmed.

Comienza el artículo diciendo que las ciudades autónomas han sido, durante mucho tiempo, puntos conflictivos en las relaciones hispano-marroquíes, “impulsadas por disputas históricas profundamente arraigadas sobre la soberanía”.

Recuerda la autora que Marruecos considera Melilla y Ceuta como “reliquias coloniales españolas” y que esgrime que, aun sin existir como tales las ciudades ni el país, en los siglos VII y VIII ambas se integraron en el legado cultural e histórico del norte de África. Así, en una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022, Marruecos las consideraba poco menos que como presidios y negó tener fronteras con España, que, por su parte, argumenta lo que es oficial: que Melilla es española desde 1497 y Ceuta desde un poco más adelante. El artículo deja claro a continuación que “España ha gobernado Ceuta y Melilla durante siglos” y que ambas son “reconocidas internacionalmente” como ciudades autónomas regidas por la legislación española y de la Unión Europea (UE).

Dentro de este pulso, según la autora, la inmigración irregular desempeña un papel fundamental y “se ha convertido en fuente recurrente de tensión” entre los dos países. Por su situación “privilegiada”, Melilla y Ceuta son puntos de entrada para los solicitantes de asilo y para los inmigrantes que intentan llegar a Europa. Y, como es bien sabido, “Marruecos ha aprovechado estratégicamente el desafío de la migración irregular como herramienta diplomática, controlando el flujo de migrantes para presionar a España a que haga concesiones políticas, en particular a lo que respecta al Sáhara Occidental”. Al final, con ello, Marruecos ha convertido a las ciudades en “poderosas monedas de cambio geopolíticas para obligar a España a navegar por un acto de equilibrio complejo y delicado”.

El artículo da una serie de cifras sobre las entradas ilegales en los últimos años, pero recuerda que sólo se refieren a los inmigrantes interceptados, pero que los intentos de cruce son muchos más. Por ejemplo, sólo en agosto de 2023 las autoridades marroquíes bloquearon más de 3.300 intentos de llegada a Melilla y 11.300 a Ceuta, según sus números, la mayoría procedentes de Marruecos, Argelia, Túnez y el África subsahariana.

Los migrantes interceptados en la frontera suelen ser devueltos salvo que soliciten asilo o sean menores de edad. En el primer caso, son atendidos temporalmente mientras se evalúan sus solicitudes, difíciles de verificar debido a la falta de documentación. En el segundo, la legislación internacional y la española prohíben deportar a menores no acompañados, con lo que las autoridades están obligadas a hacerse cargo de ellos.

En cualquier caso, desde la década de los 90, España ha dependido, continúa el análisis, cada vez más de Marruecos para la gestión de la frontera, con el problema añadido de que la UE ha reforzado su relación con este país como “aliado fundamental” en la gestión de la inmigración irregular, para lo cual recibe ingentes cantidades de dinero -148 millones sólo en 2018-.

Según este análisis, la dependencia de España respecto de Marruecos para gestionar sus fronteras, si bien fomenta la cooperación, ha sido utilizada por Marruecos como herramienta de presión política y promover sus reivindicaciones territoriales, en particular en lo que respecta al Sáhara Occidental.

Como ejemplo más palmario, el artículo señala el evidente: cuando España permitió la entrada del líder del Frente Polisario –contrario al control de Marruecos de ese territorio- en Logroño para ser tratado de covid19. Fue entonces cuando “Marruecos flexibilizó deliberadamente sus controles fronterizos y permitió la entrada en Ceuta de unos 8.000 inmigrantes”, un episodio que desencadenó una fuerte crisis diplomática entre ambos países y ante la que incluso la UE tuvo que intervenir para reconocer la manipulación de la inmigración ilegal por parte de Marruecos como herramienta de influencia geopolítica.

Por el contrario, desde esta publicación canadiense se afirma que, en lugar de adoptar una postura dura contra el uso que hace Marruecos de la inmigración irregular, “España ha seguido en los últimos años una estrategia de apaciguamiento otorgando concesiones a Marruecos y evitando acciones que pudieran provocarlo”. Esto es algo que, como recuerda la autora, quedó de manifiesto cuando, en 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyó el plan de autonomía del Sáhara Occidental y abandonó décadas de neutralidad –aunque, pese a todo, ahora el Rey Mohamed VI quiera todavía más-.

Esta estrategia fue reforzada durante la Reunión de Alto Nivel de 2023 entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, donde se habló de evitar acciones que pudieran ofender a la otra parte o a sus respectivas esferas de soberanía. Hasta tal punto ha llegado esta estrategia de apaciguamiento que el Gobierno español no ha sido capaz aún de poner en marcha las aduanas o, como dice el artículo, el PSOE “ha guardado silencio o ha votado en contra de resoluciones críticas con Marruecos”, como cuando, en febrero de 2023, votó en contra de una resolución del Parlamento Europeo que instaba a Marruecos a respetar los derechos humanos.

La autora considera que, “al perseguir su objetivo de apaciguamiento por encima de todo”, España ha puesto en entredicho su compromiso con los derechos humanos, lo que supone “una contradicción” entre su imagen y sus actos.

“Las declaraciones de Sánchez subrayan el esfuerzo de España por posicionarse como un socio maduro y cooperativo, dispuesto a hacer concesiones sobre las demandas políticas de Marruecos a cambio de su cooperación en cuestiones como la gestión de la inmigración irregular, al tiempo que aboga sutilmente por una responsabilidad recíproca”, reitera la publicación.

Aparte de la gestión de la inmigración irregular, la autora apunta otra posible causa de esa “estrategia de apaciguamiento” de España, como es el asunto de la energía. En un momento en el que la guerra de Ucrania está obligando a muchos países europeos a buscar fuentes de energía alternativas, el potencial de energías renovables de Marruecos y su ubicación estratégica también lo convierten en un socio clave.

La conclusión, para la autora, es que “el uso que hace Marruecos de la inmigración irregular como moneda de cambio ha demostrado ser eficaz, en particular en el contexto actual de la UE, donde el auge de los movimientos de extrema derecha han impulsado un cambio hacia políticas de inmigración irregular más duras en los estados miembros”. “En ese contexto, por tanto –termina-, Marruecos puede aprovechar su control sobre los flujos de inmigración irregular hacia las ciudades autónomas para ejercer una mayor influencia sobre España y otros estados de la UE, utilizándolo, en última instancia, como una herramienta para promover sus intereses políticos y territoriales”.