Economía, Empleo y Turismo

Las ayudas del Gobierno al transporte por carretera se aplicarán a los taxi de Melilla y de Ceuta

La medida maximiza la percepción de estas ayudas teniendo en cuenta la situación diferencial de ambas ciudades autónomas.

Tras aprobar el Consejo de Ministros este lunes un nuevo Real Decreto (RD)-Ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector del transporte en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Gobierno de España ha posibilitado que las ayudas al sector del transporte por carretera apliquen a los vehículos taxi de Melilla y de Ceuta.

Así, con la la adaptación de la regulación de estas ayudas al transporte, se facilita al máximo la percepción de las mismas, "en aplicación de las especiales circunstancias del hecho diferencial" de ambas ciudades autónomas, y, por ende, se favorece el transporte de viajeros y se alivia la situación generada por el alza de precios.

En concreto, el Real Decreto-Ley habilita una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las recogidas en el RD-Ley 6/2022, de 29 de marzo.

El texto habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre, dotada con 450 millones de euros, replicando las ya establecidas en el tercer mes del año.

De manera puntual, esta cuantía se distribuirá con ayudas directas que van desde los 300 euros a los taxis, 950 euros por autobús urbano y hasta los 1.250 euros a los vehículos pesados de mercancías.

Para optar por estas líneas de ayudas, los vehículos auto-taxi de Melilla y de Ceuta deben disponer de autorización de transporte público de viajeros en vehículo turismo auto-taxi y de la correspondiente licencia expedida por las Ciudades Autónomas.

Es decir, que este sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2022, concederá apoyo financiero a empresas y trabajadores autónomos especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes.

Dichas ayudas "no podrán concederse ni beneficiar de ningún modo" a empresas afectadas por sanciones que la Unión Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

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