Las asociaciones de la Guardia Civil exigen al ministro Grande-Marlaska reconocimiento profesional y transparencia

Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil han presentado una solicitud formal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar lo que califican como un abandono institucional y falta de transparencia que afecta a los miembros del cuerpo. Según explican, las respuestas ofrecidas por la administración en el último Pleno del Consejo, celebrado en diciembre, fueron “vagas y breves” y no abordaron las demandas planteadas por los representantes de los guardias civiles.

Entre las principales reclamaciones se encuentra el reconocimiento de la profesión de riesgo, una medida que permitiría la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación y garantizaría que esta se produzca con unas retribuciones dignas. Las asociaciones subrayan que este reconocimiento ya se ha concedido a cuerpos policiales autonómicos y locales, por lo que la exclusión de la Guardia Civil genera un agravio comparativo que consideran injusto y ofensivo para su labor diaria.

“Es inaceptable que, mientras otros cuerpos disfrutan de este reconocimiento, los miembros de la Guardia Civil continuemos soportando este desajuste que afecta directamente a nuestra carrera profesional y a la seguridad económica de nuestras familias”, señalan los colectivos en el escrito dirigido al ministro. El documento insta a que se adopten medidas concretas y urgentes para cerrar esta brecha que, según enfatizan, provoca un sentimiento de desprotección y desamparo institucional entre los agentes.

Con el objetivo de que el asunto reciba la atención debida, las asociaciones han solicitado que el próximo Pleno del Consejo, previsto para marzo, incluya un punto específico en el orden del día para debatir la situación de los guardias civiles. Asimismo, solicitan que el propio ministro del Interior comparezca ante este órgano colegiado para ofrecer información detallada y real sobre las medidas previstas, en el marco del nuevo Consejo conformado tras las elecciones de 2025.

Los representantes destacan que un diálogo social efectivo es imprescindible para garantizar la justicia y la equidad dentro del cuerpo. Según advierten, mantener esta situación de abandono institucional no solo aumenta la frustración y el malestar entre los guardias civiles, sino que también genera un problema de moral y motivación que puede afectar indirectamente a la prestación del servicio y a la seguridad de los ciudadanos.

En su escrito, las asociaciones profesionales recuerdan que la Guardia Civil es uno de los cuerpos encargados de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, operando en condiciones complejas y en muchas ocasiones en entornos de riesgo. Por ello, consideran prioritario que sus derechos y condiciones laborales sean tratados con la misma seriedad y transparencia que los de otros cuerpos policiales.

El reconocimiento de la profesión de riesgo incluye varios aspectos, entre los que destacan la reducción de la edad de jubilación, el acceso a beneficios sociales y económicos equivalentes a los de otros cuerpos y la garantía de una carrera profesional digna y segura. Para las asociaciones, estos aspectos no son solo una cuestión de justicia, sino también un elemento de seguridad y estabilidad que permite a los agentes desempeñar sus funciones con plena dedicación y confianza en su protección institucional.

Las asociaciones concluyen su comunicado subrayando la necesidad de que el Ministerio del Interior asuma responsabilidades claras y compromiso formal con la Guardia Civil. Afirman que solo mediante un diálogo transparente y la inclusión de estos temas en el Consejo se podrá garantizar que los agentes reciban el trato y reconocimiento que su labor merece.

En definitiva, la Guardia Civil, a través de sus asociaciones profesionales, reclama atención, equidad y medidas concretas frente a un desamparo que consideran inaceptable. El próximo Pleno de marzo será clave para determinar si el Gobierno atiende estas demandas y reconoce formalmente la profesión de riesgo, cerrando la brecha existente con otros cuerpos policiales y ofreciendo a los agentes la seguridad jurídica y laboral que reclaman.