Tahar H. A., miembro de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, formó parte del Ejército español desde el año 1927 hasta 1958, pasando después al retiro. Su viuda, Fatna, octogenaria, se queja de que desde hace unos meses se ha quedado sin atención sanitaria dado que ya que no se pasa consulta médica en el edificio del antiguo Banco de España. Por ello y para seguir beneficiándose de este derecho, pide su ingreso en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), como el resto del Ejército y sus familiares, “sin que haya ninguna discriminación entre militares”. Esta familia asegura que alrededor de una decena de personas en Melilla afectadas por esta situación, explica Fuad, su sobrino.
Fatna es marroquí de nacimiento pero actualmente reside en nuestra ciudad, con la familia de su sobrino, y a lo largo de su vida ha vivido a caballo entre Melilla y el país vecino.
Los familiares de los Regulares Indígenas (grupo creado en 1911) tenían derecho a atención sanitaria, que se les ha estado proporcionando durante años en el Hospital Militar. Una vez que este cerró sus puertas, se les daba cobertura en la clínica militar ubicada en el inmueble del Banco de España. El Ministerio de Defensa anunció el pasado año su cierre total.
Fuad acompañó en abril a la viuda de su tío a la consulta del médico militar y se encontraron cerradas las dependencias del edificio del Banco de España en las que durante años se le ha dado atención sanitaria. Les comunicaron que ya no se daba este servicio y que acudieran a Urgencias del Hospital Comarcal.
El problema, según destaca Fuad, es que en Urgencias no se puede atender a pacientes crónicos ni mandar un tratamiento y recetar, ya que eso es exclusivamente competencia del médico de cabecera.
En mayo presentaron una queja en la Comandancia General de Melilla. “Es injusto que los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares tengan seguro privado y los pocos militares indígenas que quedan vivos y sus familias no tengan ni médico para pasar consulta”, se recoge en el escrito.
En el texto también critican que estos familiares se quedaron sin pensiones de viudedad y orfandad. “Lo poco que les quedaba lo acaban de perder, como la sanidad militar”, se indica.
A finales de junio, remitieron otro escrito al Ministerio de Defensa, quejándose de la eliminación de este servicio. “Esto ha creado una indefensión dejando desamparados a este colectivo y sus familiares por el hecho de ser musulmanes de origen marroquí mientras que el resto de las Fuerzas Armadas y sus familias sí que tienen médico y pueden hacer uso de sus derechos. Esta situación es insostenible y no puede demorarse más”, se señala en el documento presentado.
En el escrito también exponen que el militar fallecido ascendió a teniente y no a alférez, como consta en los archivos de Defensa. Fuad destaca que su tío fue condecorado por sus actos heroicos con varios reconocimientos, dos de ellos pensionados con carácter vitalicio como la medalla del Sufrimiento por la Patria y la cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
De momento, no han obtenido respuesta. Una vez que pasen tres meses, se puede interponer un recurso de alzada. Transcurrido un nuevo plazo de otros tres meses, se podría ir por la vía contencioso administrativa o por lo penal.
Desde la Comgemel explicaron a El Faro que no se trata de una cuestión que dependa de esta institución. No obstante y siendo conscientes de la situación, han informado a Madrid y se “está a la espera de que se determine el procedimiento para solucionar lo planteado”.
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