“La violencia de género no se soluciona con penas más altas, sólo con educación”

La fiscal especializada, Laura Santa Pau, y el juez decano, Fernando Portillo, creen que las condenas se ajustan a los delitos

Muchos ciudadanos tienen la convicción de que se debería luchar contra la violencia de género a través del endurecimiento de las penas. Los expertos en materia judicial, sin embargo, no están de acuerdo con esta creencia. “Las condenas que se contempan en el Código Penal se ajustan a la gravedad de los delitos”, valoró ayer en declaraciones a El Faro la fiscal especializada en violencia de género, Laura Santa Pau. El juez decano de nuestra ciudad, Fernando Germán Portillo, sostuvo al respecto que el maltrato a la mujer no es un problema que se pueda solucionar a través de las penas con las que se castigan a los maltratadores. “Esta lacra social sólo se puede combatir desde la educación y la formación en igualdad, para evitar conductas delictivas”, expuso.
Al parecer de Portillo, los jueces, los fiscales y la Policía “dan una respuesta muy cumplida” ante los casos de violencia de género. En este sentido, el representante de los jueces de la ciudad recordó que la Justicia interviene una vez que ya ha tenido lugar el acto delictivo, por lo que habría que enfocar las medidas en el ámbito de la prevención, para evitar que se cometan. “Nosotros llegamos tarde, cuando ya se ha cometido el maltrato”, hizo hincapié.

De seis meses a 25 años
Santa Pau, por su parte, afirmó que, si se endurecieran las penas, serían “desproporcionadas” en relación al delito. Según explicó, las primeras manifestaciones de la violencia de género, que son conductas como los empujones, los agarrones o las amenazas de muerte, conllevan castigos que van desde los seis meses hasta el año de prisión. Éstas, además, llevan aparejadas una orden judicial de alejamiento e incomunicación. “Si estos hechos ocurrieran entre personas que no han mantenido una relación sentimental, se condenerían con multas de uno a tres meses”, comparó la fiscal.
Asimismo, indicó que en los casos en los que queda probado el maltrato continuado, el agresor puede ser castigado con penas de entre seis meses y tres años de cárcel. Santa Pau incidió en que las condenas son más graves cuando hay homicidio, con penas de 10 a 15 años de cárcel; en los casos de asesinato, con castigos de entre 15 y 25 años de prisión.
Al respecto, el juez decano agregó que, en los casos en los que las agresiones son graves, además de las penas por los delitos de violencia de género, se condenarían de forma independiente las lesiones y las amenazas que hayan podido quedar probadas.

Percepción subjetiva
Para la fiscal especializada en el área de la violencia de género, no se entiende que coexistan ciertas percepciones que, a su parecer, son completamente subjetivas. En este sentido, señaló que no sólo hay quien reclama un endurecimiento de las penas, sino que también existe la creencia de que hay un elevado de denuncias falsas por maltrato. “Esto no es cierto para nada, no llegan ni al 1%”, manifestó Santa Pau.
A su vez, el representante de los jueces de la ciudad aseguró que en Melilla se responde rápidamente a las denuncias por violencia de género. “Estos delitos tardan en llegar a juicio una media de un mes y medio, a más tardar dos meses”, apuntó. Además, se aplican medidas para proteger a la víctima como el alejamiento o la incomunicación preventiva, ya que tiene lugar antes de que se dicte una sentencia.

Imposible de erradicar
“Nunca vamos a poder terminar con la violencia de género”, lamentó Portillo. Según reflexionó el juez decano, el fin del maltrato debe ser la meta, aunque en el fondo sea inalcanzable. “En toda la historia de la humanidad, no hemos conseguido exinguir ningún delito, a pesar de las penas, que en algunos países incluyen hasta la muerte”, argumentó. “Los delitos van a seguir produciéndose siempre porque en la naturaleza humana está el causar el mal”, aseguró al respecto.
No obstante, agregó el representante de los jueces, no debe dejar de ser la meta. “Como sociedad avanzada, debemos aspirar a alcanzar unos márgenes que sean mínimos”, concluyó el magistrado.