Miembros de USO en Melilla, sindicato que anuncia que no secundará la huelga general
La Unión Sindical Obrera (USO) se desmarca de la huelga general anunciada el mismo día en que se convocaron las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En un comunicado de su Comisión Ejecutiva Confederal, fechado este martes en Madrid, el sindicato sostiene que, con un Gobierno en funciones y las Cortes disueltas, la protesta carece de un destinatario claro y corre el riesgo de interpretarse como un acto de campaña.
USO asegura compartir la "emergencia social" que suponen las dificultades de acceso a la vivienda, un problema que lleva años denunciando. Sin embargo, rechaza respaldar esta convocatoria, "y menos aún cuando se anuncia el mismo día en que se disuelven las Cortes".
El sindicato recuerda que la huelga general es el instrumento de presión más serio de la clase trabajadora y que exige saber a quién se dirige y qué se reclama, sin "un popurrí de motivos" ni convocantes con argumentos distintos.
La organización apela también a su independencia: en su afiliación conviven votantes de opciones muy distintas y no quiere convertirse en "un actor de la campaña electoral".
USO defiende que la vivienda no se resolverá solo regulando el alquiler, sino también con empleo estable y salarios suficientes. Cita el IX Informe Foessa, según el cual el 45 % de quienes viven de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión social, la más alta de la UE, y 4,6 millones de hogares tienen problemas graves con su vivienda.
La duración media de los contratos bajó de 53,36 días en 2021 a 42,06 en 2024, y los despidos por causas objetivas han crecido un 186 % desde 2019. Desde 2008, los precios han subido en torno a un 34 %, frente al 25,6 % del salario medio. Solo el 37 % de los convenios incluye cláusulas de revisión salarial.
USO hará llegar a todas las formaciones su Programa de Acción. Entre sus propuestas figuran subidas salariales con el IPC como suelo, un SMI actualizado por ley hasta el 60 % del salario medio, la jornada legal de 35 horas semanales sin pérdida salarial, una reforma del despido y una política de vivienda de Estado que penalice fiscalmente a los grandes propietarios que especulan.
Una vez constituido el nuevo Parlamento, sus órganos de dirección evaluarán el compromiso de cada fuerza política con estas demandas y propondrán acciones, "sin descartar ninguna". Mientras tanto, el sindicato llama a trabajadoras y trabajadores a votar el 29 de noviembre, al considerar que hacerlo es "la primera forma de hacerse oír".
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