Editorial

La Unión Europea puede y debe ayudar

Una de las noticias más llamativas en torno a la inmigración irregular que ha azotado a España en los últimos meses es que las autoridades de la Unión Europea aseguraron que España nunca pidió ayuda para el control de esos flujos. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, más conocida como Frontex, por ejemplo, se mostró dispuesta a colaborar ante la incesante llegada de cayucos a Canarias, pero había un requisito previo: el Gobierno español debía solicitar su apoyo, cosa que no ocurrió.

¿Por qué se rechaza la ayuda europea a pesar de la grave crisis que están padeciendo las islas con la llegada a diario de cientos de personas en los cayucos procedentes, principalmente, de Mauritania? Nunca se ha ofrecido una explicación ante semejante desatino, como tampoco se puede entender a estas alturas, con Canarias y Ceuta prácticamente colapsada por los menores migrantes, que tampoco se haya aceptado el ofrecimiento de Europa para que se repartan por sus países miembro.

Algunas organizaciones políticas, como es el caso del Partido Popular, entienden que no pulsar la tecla del SOS se debe a que el Gobierno español no ha hecho precisamente amigos entre los veintisiete, como consecuencia de sus críticas por cómo se ha tratado en ellos la inmigración. Entre esos estados estarían Italia y Grecia. En definitiva, consideran que el Ejecutivo de Sánchez se ha quedado sin margen de maniobra y que posiblemente no obtendría el plácet de algunos países del sur europeo.

Sin embargo, que Europa se involucre en este problema parece ser una cuestión capital. España, en definitiva, no es sino la frontera de la Unión con África y por lo tanto, todos los europeos deben colaborar tanto en recursos como en financiación. La última idea expresada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es la construcción de centros para la ubicación de los migrantes irregulares pero en países ajenos a la UE. En definitiva, implantar el modelo de Italia, que ha llevado a cabo esa política en Albania, y que no ve con buenos ojos el Ejecutivo español.

Otro detalle importante que se ha conocido en estos últimos días es que están llegando en cayuco a Canarias migrantes procedentes de Asia, lo cual da una idea de cómo las mafias centran su atención en llegar a territorio español, posiblemente porque es la forma de garantizar a sus "clientes" que podrán desplazarse a la península y, desde allí, al resto de Europa. Es una clara manifestación de cómo funciona el efecto llamada que el Gobierno de Sánchez puso en marcha hace ya meses por cuanto que su única política en materia de inmigración irregular es la de repartir a los migrantes por los pueblos de España sin más.

Los socialistas deben sentarse de una vez y abrirse a negociar las bases de una acción decidida en estas cuestiones. Lo que no pueden pretender es plantear un trágala al Partido Popular con una sola medida: modificar la ley de extranjería para que los menores migrantes puedan ser automáticamente distribuidos por las distintas autonomías sin más recursos materiales y económicos extra.

Con un desacuerdo interno manifiesto en política migratoria y un Gobierno que mira hacia otro lado sin tan siquiera pedir formalmente ayuda a quienes están dispuestos a dársela, España se ha convertido en el foco principal para la inmigración irregular y sin visos de soluciones a corto ni medio plazo.

 

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