La UMT denuncia el retraso en las dietas militares estivales

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha denunciado que el Ministerio de Defensa y el de Hacienda y de Función Pública aún no han autorizado, a fecha del 7 de julio de 2026, el aumento de las dietas de alojamiento para los militares comisionados en las operaciones de refuerzo estival, pese a que el año pasado dicha subida ya estaba en vigor desde el 1 de junio en 34 ciudades españolas de alta afluencia turística, entre ellas Melilla.

Según explica la asociación profesional en su nota de prensa, en 2025 una resolución conjunta de la Dirección General de Costes de Personal y la Dirección General de la Función Pública aprobó, al amparo del artículo 11 del Real Decreto 462/2002, cuantías adicionales diarias sobre la dieta de alojamiento con efectos desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. En el caso de Cádiz, Ceuta y Melilla, ese incremento alcanzaba hasta 41,09 euros adicionales al día.

Este año, sin embargo, la autorización no ha llegado, según la UMT, lo que obliga a los militares desplazados a las zonas de mayor presión turística a costear de su propio bolsillo la diferencia entre la dieta oficial, congelada desde 2005, y el precio real de las habitaciones de hotel.

La organización respalda su denuncia con datos del Instituto Nacional de Estadística: la tarifa media diaria por habitación de hotel ocupada en España se situó en 155,7 euros en agosto de 2025, con subidas interanuales que en mayo de este año ya alcanzaban el 4,2%. Frente a estas cifras, la dieta ordinaria de alojamiento del personal de tropa y marinería es de 48,92 euros diarios, y de 65,97 euros para el Grupo 2.

El secretario general de la UMT, Luis Miguel Feito Iglesias, exigió que se cumpla la normativa vigente y calificó de inaceptable que el personal que refuerza la seguridad en temporada turística tenga que financiar de su bolsillo un alojamiento que la Administración está obligada a resarcir.

La asociación reclama la emisión inmediata de la resolución para 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de junio, y una revisión general de las cuantías del Real Decreto 462/2002, que permanecen congeladas desde 2005.