La UCO cree que Eulen se llevó 9,5 millones en “contratos ilegales”

El sumario de la ‘Operación Tosca’ asegura que dichos acuerdos se firmaron entre 2004 y 2008 l Los concursos públicos se anularon “con argumentos incomprensibles”.

Esta misma semana se levantó el secreto de sumario de la conocida como ‘Operación Tosca’, una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se centra, entre otras cosas, en analizar la adjudicación de contratos, mayores y menores, a empresas por parte de la Ciudad. Según el primer tomo del informe, que consta de seis y una pieza separada con otros cuatro, la empresa de seguridad privada Eulen se habría llevado, presuntamente, entre 2004 y 2008, un total de 9.656.288,21 de euros en contratos que la UCO considera “completamente ilegales” por haber sido ‘troceados’ para evitar el concurso público.
Otro de los datos que revela dicho documento es que en los años 2006 y 2007 se sacó una licitación abierta para el “Servicio vigilancia de las dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla” y, finalmente, se canceló aludiendo, presuntamente y siempre según el documento de la UCO, a “argumentaciones incomprensibles”.

Adjudicación del servicio
En 2008, finalmente, el concurso público para otorgar este servicio a una compañía externa se llevó a cabo. Sin embargo, presuntamente y tal y como apunta la investigación de la Policía Judicial, Eulen se volvió a quedar con el servicio previa “reelaboración de pliegos de condiciones técnicas y establecimiento de criterios de valoración o de fórmulas de exclusión arbitrarios, tendentes a favorecer a dicha empresa en el concurso público realizado al efecto, en perjuicio de la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades respecto de las demás empresas”.
Por esta causa se señala a la Consejería de Seguridad Ciudadana y a sus máximos representantes, entre ellos el que se hiciera cargo de este área durante estos años, Ramón Antón, ex consejero, y Gregorio Castillo, aún director general de este área.

Patronato de Turismo y antiguo Hospital de la Cruz Roja

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la conocida como ‘Operación Tosca’, que supuestamente llevó a cabo contrataciones irregulares, principalmente con la empresa Eulen de seguridad privada, esta misma compañía se llevó varias adjudicaciones de forma “ilegal”.
En dicho documento, resaltan los servicios de “vigilancia de antiguo Hospital de la Cruz Roja”, la actual sede de la Consejería de Hacienda, unas competencias que dice que Eulen se adjudicó haciendo un “uso fraudulento de la contratación menor directa en el año 2012”.
Por otro lado, hay que reseñar que la UCO también considera que hubo fraude a la hora de dar las competencias a esta empresa en cuanto al “servicio de limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares del Patronato de Turismo”, un acuerdo que se cerró en 2012 y detrás del que, supuestamente, habría “numerosos correos electrónicos que permiten presumir la existencia de un concierto previo entre responsables de la empresa que resultó adjudicataria y los encargados de la Administración oferente”.
Prevaricación, revelación de secretos, usos de información privilegiada, fraude y malversación son algunos de los delitos que, presuntamente, se habrían cometido en esta trama que atenta contra las arcas públicas.

Suspensión de la adjudicación de seguridad en 2011

Sobre la adjudicación del “servicio de vigilancia de dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2011”, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que investiga el caso enmarcado en la conocida como ‘Operación Tosca’, recoge que, presuntamente, se habría suspendido un concurso público para estas competencias a causa de un recurso presentado por la empresa Eulen “en el que impugnaba, precisamente, el uso de la fórmula o criterio de valoración de la oferta económica similar a la utilizada en el concurso del año 2008, en el que resultó adjudicataria”.
Asimismo, dicho documento se refiere a la contratación que se produjo un año más tarde, en la que pudo haber, presuntamente, un “concierto fraudulento entre los responsables de la Administración y los de la empresa Eulen para conseguir la adjudicación del servicio de la vigilancia de las dependencias municipales de 2012”. Se dio, siempre según la UCO, una “desnaturalización intencionada de la valoración del componente económico de la oferta y el uso de criterios de adjudicación”.