La protección a un chico de 17 años tiene que ser igual que a otro menor, dice Unicef

• Explica que una medida encaminada a dar un trato distinto a estos chicos, sería contraria a la ley

Unicef tiene claro que no se puede dar un tratamiento distinto a un menor de 17 años que a otro de menos edad. La responsable de Políticas para la Infancia de la entidad, Sara Collantes, explica en declaraciones a El Faro que una medida encaminada en este sentido sería contraria a la legislación vigente. Resalta, además, que en cualquier caso siempre tiene que primar el hecho de que sea un menor por encima de su condición de migrante.

La responsable de Unicef destaca que la Administración que se encarga de la protección de los menores siempre tiene que velar por su interés, independientemente del hecho de que sea extranjero, una característica que además, en muchas ocasiones, hace que estos niños sean aún más vulnerables y requieran de una atención especial.

Collantes considera que lo importante es el enfoque que se dé desde el Ejecutivo a la hora de trabajar con estos menores. Considera que es necesario buscar fórmulas adaptadas a la realidad que hay en nuestra ciudad. Recuerda los consejos que ha dado en numerosas ocasiones el Defensor del Pueblo sobre la situación de los niños de la calle y la necesidad de intervención, y las mejoras que hacen falta en la Purísima para dar una mejor atención a estos jóvenes.

La responsable de Políticas para la Infancia de Unicef indica que es imprescindible que haya una actitud positiva por parte de las autoridades y que sigan buscando vías de actuación hasta que den con aquellas medidas que mejor se adapten a los problemas y necesidades que tienen los menores que hay en nuestra ciudad.

Centros de acogida

Sobre la posibilidad de que se busquen medidas para retener a los menores en los centros, recuerda que la legislación actual marca que sólo en espacios específicos se puede restringir la libertad de estos chicos, pero que previamente hay que hacer una valoración psicosocial de los menores y es imprescindible una autorización judicial.

En el resto de los casos, los niños tiene que vivir en un régimen abierto en el que se adopten medidas educativas que en ningún caso puedan atentar contra la dignidad de los menores que viven en los centros.

Señala que en el hipotético caso de que la idea que se tenga desde Melilla sea utilizar alguna herramienta coercitiva para conseguir que los menores no salgan de los centros de acogida, si no existe una autorización judicial por la situación especial de los chicos, esta actuación sería contraria a la legislación actual.

Bienestar del menor

Unicef reitera que las autoridades tienen que pensar, por encima de todo, en el bienestar de los menores y en el respeto a la Convención de los Derechos del Niño. Insiste en que en todos los casos prima la condición de niño sobre la de migrante y considera que esta es la línea en la que las administraciones deben trabajar.

Además, Collantes recuerda que en noviembre se aprobó una proposición no de ley que recogía medidas de protección para los niños y que iba en una línea muy distinta a las propuestas hechas durante esta semana por el Gobierno. Por ejemplo, señala que en esta proposición se hace referencia a la necesidad de que exista una mayor solidaridad entre autonomías para que algunos de los menores que están acogidos en nuestra ciudad sean enviados a otras regiones, ante el incremento de la llegada de niños que se ha producido en los últimos tiempos.