Coalición por Melilla (CpM) ha mostrado su preocupación por la posible eliminación del programa de realojo humanitario para ayudar al alquiler de una vivienda, que dejaría sin hogar a 27 familias melillenses, según denuncia Rachid Bussian, diputado del Grupo Parlamentario de la Asamblea.
Denuncia el cepemista que el programa de realojo humanitario tiene una vigencia mínima de cinco años, desde el momento en el que el Estado aprobó el Real Decreto por el que se aprobaban todas las medidas urgentes en el ámbito social y económico para la Covid19.
El programa de realojo humanitaria, recuerda, nació con la intención de que los inquilinos pudieran mejorar su situación económica y poder acceder al mercado laboral. Las familias son las que hablan con el arrendador y es Emvismesa quien suscribe el contrato directamente.
Bussian recuerda que una de las prioridades de la Consejería de Infraestructura y Urbanismo –que él dirigía– junto a Emvismesa era realojar durante el Estado de Alarma a una veintena de familias en situación infrahumana y que formaban parte del listado de viviendas de urgente necesidad de Emvismesa.
Actualmente son 27 familias las que se han visto beneficiadas por el programa, explica, y ahora corren peligro de ser desahuciadas si el contrato no se prorroga. "Se pueden ver en la calle si no se prorroga la cláusula estipulada del contrato de alquiler suscrito con la sociedad pública de Emvismesa", señala.
Desde CpM se preguntan por qué la Ciudad debería renunciar a una ayuda como esta cuando el dinero ya está asegurado por el Estado durante los próximos cinco años. "¿Por qué quieren desahuciar a muchas familias, algunas de ellas ante el inicio del curso escolar? ¿Por qué otras familias que vienen demandando y solicitando adherirse al programa de realojo humanitario no se le pueda otorgar de manera temporal una vivienda digna?", pregunta.
Bussian ha criticado duramente la postura del Gobierno durante el último consejo de Emvismesa, poniendo de relieve la nula intención de renovar el programa, ya que "no piensan tramitar" las nuevas peticiones que están llegando. "Estamos ante un hecho imprecedente", apunta, pues considera "sorprendente" que no se vaya a renovar el programa aunque se disponga de los recursos necesarios para que las familias se beneficien del programa.
"Creo que la CAM tiene los recursos suficientes aunque el Estado de la Nación no prorrogue el programa, para que esas familias melillenses no se vean en la calle, viviendo bajo un puente o en un garaje".
La respuesta, según CpM, a esta posible decisión es el temor del Ejecutivo a que las familias no abandonen la vivienda una vez terminado su contrato. "Entendemos que el PP trata a estas familias como posibles delincuentes", señalaba el diputado cepemista. Añade que la solución es ofrecer otro recurso habitacional si su situación no ha mejorado una vez que finalice el contrato.
Pone de relieve que durante el anterior Gobierno se han dejado en vigor numerosas ayudas y subvenciones para ayudar a estas personas, y que incluso incluyeron "novedades importantes" en algunas de ellas dado el encarecimiento de la vida. Sin embargo, lamenta la respuesta del presidente de Emvismesa y de Manuel Ángel Quevedo ante el temor de que las personas ocupen la vivienda una vez termine el contrato.
El cepemista cree que con un "solo trámite administrativo" podrían materializarse las ayudas, al igual que se hizo con la Línea 8, pero critica que no lo hacen porque "el perfil de los beneficiarios no es votante del PP". Por eso, denuncia que con tan solo uno de los sueldos del nuevo personal de alta dirección del Gobierno podría pagarse un año entero del programa. "Fíjese qué fácil", remarca.
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