Categorías: Tribunales y Justicia

La parte querellante no comparte el auto, que no agota la vía administrativa

El letrado José Luis Rodríguez celebra que la Audiencia le dé la razón sobre la ilegalidad de las devoluciones inmediatas.

El abogado de la parte querellante, José Luis Rodríguez, en la investigación sobre las ‘devoluciones en caliente’ dijo ayer no compartir, pero sí respetar, el auto de la Audiencia Provincial que archiva la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por un delito de prevaricación administrativa en este proceso judicial. En declaraciones a El Faro, el letrado indicó que si bien el tribunal no ve responsabilidad penal en la actuación del coronel de la Benemérita, ello no implica que su conducta no sea reprochable por la vía administrativa. Sin embargo, insistió en que él sí considera que la actuación del jefe de la Comandancia reúne los requisitos del delito de prevaricación administrativa por el que venía siendo imputado Martín Villaseñor.
El auto de la Audiencia ha dejado un sabor agridulce al abogado de las ONGs querellantes. Rodríguez expresó su satisfacción porque el tribunal melillense reconozca que se ha vulnerado la legislación española durante los intentos de entrada masiva de inmigrantes investigados en la causa. “El auto deja claro que la valla es territorio nacional y por tanto es de aplicación la ley española con todas las garantías”, precisó el abogado.
Por otra parte, Rodríguez destacó que el tribunal reconoce que la actuación en la valla se hizo “al margen de la ley y que administrativamente las ‘devoluciones’ de esas personas fueron ilegales”. Precisamente este punto es el que más satisfacción produce al letrado porque pone de relieve que “nosotros no mentíamos” al afirmar que  la conducta de los guardias civiles en la valla era “burda e ilegal”, apostilla.
La Audiencia reconoce, subraya el letrado malagueño, que la actuación de los agentes del instituto armado es “nula” y contraria al Derecho Administrativo porque se vulneraron derechos y garantías a los inmigrantes, como la asistencia letrada y el acceso a la solicitud de asilo.
Por tanto, aunque el tribunal no vea responsabilidad penal en la actuación de Martín Villaseñor, sí se vulneraron derechos de las personas en la zona de entrevallas que podrían ser punibles en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, señala Rodríguez. Esta cuestión era negada por la Abogacía del Estado, que defiende a Martín Villaseñor.
Por otra parte, el abogado malagueño quiso destacar que aunque la Audiencia haya “sacado del banquillo” al coronel de la Guardia Civil, cabe recordar que hay agentes del instituto armado que continúan imputados en la investigación abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Pues bien, el archivo provisional de la imputación de Martín Villaseñor no cierra el proceso contra los guardias civiles imputados por su actuación en la valla durante los intentos de entrada de inmigrantes. El letrado recuerda que éstos suman imputaciones relacionadas con delitos de trato vejatorio y lesiones.
Es por ello que el letrado teme que vayan a ser los agentes a pie de valla los que paguen ‘los platos rotos’ de esta investigación. “Me pregunto qué opinará ahora de este auto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)”, se preguntó el abogado malagueño.

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