Los investigadores de la operación Santiago-Rusadir pusieron sus ojos en el PSOE de Melilla ante la posibilidad de que los socialistas pudieran tener información acerca de la presunta compra de votos por correo por parte de CpM. Así consta en uno de los atestados del sumario que sigue el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad, donde se hace referencia a la campaña pública que puso en marcha el partido, entonces liderado por Gloria Rojas, advirtiendo sobre las consecuencias de la compra-venta de los votos. "Los investigadores entienden que responsables sin determinar del PSOE de Melilla disponen de información de la comisión de ilícitos penales, por lo que no constando que se haya efectuado algún tipo de denuncia a las autoridades, se van a efectuar las indagaciones adecuadas para determinar si ha habido alguna denuncia o en su caso, indagar sobre la información que se dispone", señala el citado atestado policial. Ello, después de constatar la existencia de la campaña emprendida en redes sociales por el partido, en la que se podía leer: "no vendas tu voto: cárcel hasta tres años", iniciada en abril de 2023 antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese mismo año. Los investigadores de la Policía Nacional hacen alusión en ese sentido a un artículo publicado por este Diario, en el que se recogía la información relativa a la referida campaña. El artículo concretamente decía: "'No vendas tu voto. Cárcel hasta tres años', es el eslogan utilizado por los socialistas de Melillapara mostrar su oposición a las sospechas de fraude que existen a día de hoy en la ciudad en torno al voto por correo (...) Por WhastApp circulan fotos de fajos de billetes de 50 euros con los que presuntamente se estaría comprando voto por correo en Melilla. Fuentes policiales han asegurado en declaraciones a El Faro que están analizando el caso porque no creen que se trate de un bulo o de imágenes trucadas ya que han identificado al menos a dos delincuentes comunes que portaban fajos similares de 50 euros y que no pueden justificar que se trate de ingresos propios", se comentaba entonces.
Porcentaje de votos
En el atestado, los funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Melilla hacen una alusión directa a que los porcentajes del voto por correo en la ciudad sean 5 veces superior a la media nacional, una cuestión que relacionan directamente con la compra de papeletas. Tan es así que pone de manifiesto que el alto porcentaje de votación "no depende del nivel de implicación de los ciudadanos de Melilla en la vida política de la ciudad, sino que miles de votantes, muchos de ellos con grandes carencias económicas, acuden al voto por correo mediando una concreta, clara y evidente recompensa económica". Según los datos que constan en el documento oficial de la Policía Nacional, se habría producido una media de 300 solicitudes de voto por correo al día en las elecciones de mayo de 2023, lo cual llevaría al mayor porcentaje de todo el territorio nacional. "Estos datos no hacen sino apuntalar la realidad más clamorosa, la diferencia entre Melilla y otras ciudades es obvia, se acude al voto por correo mediando una gratificación o compra del voto". De este modo, mientras en las municipales y autonómicas de 2019 la media de voto por correo en España fue del 1,41%, en la ciudad alcanzó algo más del 10%, cuatro puntos más de lo que sucedió en 2015, cuando fue del 6,82% frente al 1,97% del conjunto del país. Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a un progresivo aumento desde 2011, cuando se situó en el 6,20% y en 2011 fue del 6,07%. El porcentaje más alto, quitando 2023, se encuentra en las generales de 2008 cuando Melilla se situó a 10 puntos de la media nacional (1,93%) con el 11,42% del censo electoral. Fue el año en que el PSOE y CpM concurrieron en candidatura conjunta al Parlamento y se produjo la compra del voto por correo por la que fueron condenados dirigentes socialistas como Dionisio Muñoz y el propio presidente de CpM, Mustafa Aberchán, otra vez ante la Justicia por esas maniobras, si bien en esta ocasión con la imputación de graves delitos.
Organización criminal
Por otro lado, el atestado hace también referencia al porqué los investigadores hablan en todo momento de la existencia de una "organización criminal" detrás de la compra del voto por correo. Y en el primer lugar, sitúa el uso de la extorsión y la violencia como método de imponer las decisiones, así como el manejo de "ingentes sumas de dinero en efectivo y de los colaboradores necesarios para mover ese dinero". Igualmente hace referencia al uso de "pisos francos" para almacenar los votos y los fondos en efectivo junto con la "custodia y vigilancia" de esos locales por "personas de la organización". Se establece también que existe la "infraestructura adecuada para mover los votos con miembros de la organización para depositarlos en Correos". En definitiva, los investigadores llegan a la conclusión de que existe "una organización criminal con mayúsculas" donde se da una "jerarquía con distintos niveles de liderazgo" y el uso de medios tecnológicos para "el manejo del censo de votantes, como ya se hizo en las elecciones de 2019". Establece también la utilización de "sociedades pantalla, asociaciones sin ánimo de lucro y sociedades civiles sin personalidad jurídica para la recepción de la contratación pública o las subvenciones".