La operación Santiago-Rusadir sobre delitos relacionados con la corrupción que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla atribuye a cuatro dirigentes de Coalición por Melilla (CPM) y exmiembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma la presunta adjudicación fraudulenta de 358 contratos, cuyo valor asciende a 7.802.644,94 euros.
Según el auto de prisión, al que ha tenido acceso EFE, de la investigación se han obtenido indicios sobre la existencia de una organización criminal cuyos integrantes “habrían configurado todo un entramado delictivo para alcanzar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y mantenerse en el mismo, corrompiendo los resultados de las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2023”.
Para ello, presuntamente habrían “utilizado la estructura de un partido político, en concreto, bajo las siglas Coalición por Melilla, de forma organizada y planificada”, y en la que, supuestamente, existía “una distribución de funciones entre las personas involucradas”.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla apunta que, durante la pasada legislatura, entre 2019 y 2023, “se habrían desviado recursos públicos para beneficiar a los integrantes de los escalones superiores de la organización criminal” desde las consejerías del Gobierno local que estaban en manos de dicha formación política.
Ese supuesto desvío de dinero público se habría producido, según el auto, “principalmente mediante la adjudicación de contratación menor y de distintos programas de subvenciones, todo ello con el objetivo de nutrir de fondos a la organización”.
La investigación considera que los tres exconsejeros y la exviceconsejera detenidos en Melilla serían, presuntamente, “piezas fundamentales en el engranaje delictivo” porque, desde sus cargos en el Gobierno, tenían responsabilidad en la adjudicación de la contratación menor de la Ciudad Autónoma de sus respectivos departamentos.
También en la firma y autorización de los pagos correspondientes a los contratos menores desde la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, que estaba en manos de CPM en la anterior legislatura.
En total, la jueza encargada del caso cifra en 358 los contratos menores cuya adjudicación habría sido fraudulenta, cuyo valor asciende a 7.802.644,94 euros, de los cuales 164 fueron, supuestamente, “adjudicados a integrantes de la trama criminal” desde la cartera de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes y la de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por un importe global de 3.892.389,52 euros.
La operación Santiago-Rusadir investiga la presunta comisión de delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal y la causa forma parte de las diligencias previas abiertas en mayo de 2023 por un presunto caso de compra de votos por correo.
El pasado viernes, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la operación Santiago-Rusadir acumulaba hasta ese momento 33 investigados, de los cuales cinco dirigentes de CPM están en prisión provisional comunicada y sin fianza, concretamente su presidente, Mustafa Aberchán, que fue presidente de Melilla entre 1999 y 2000, y cuatro exconsejeros del Gobierno de Melilla.
Las otras 28 personas investigadas se encuentran en libertad provisional, entre las que hay otras tres integrantes del gobierno en la pasada legislatura, una de ellas tras haber abonado una fianza de 5.000 euros.
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