La operación Santiago-Rusadir acumula por ahora 33 investigados, de los cuales los últimos 20 han quedado en libertad provisional con cargos tras ser detenidos en relación con la presunta comisión de los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los últimos 20 detenidos en esta última fase del caso que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla son ciudadanos particulares y ninguno de ellos ha desempeñado responsabilidades públicas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma.
El Juzgado de Instrucción tomó declaración a 14 de los detenidos en la tarde de este jueves, mientras los seis restantes han comparecido este viernes en sede judicial.
Aunque han quedado en libertad provisional, todos deberán cumplir varias medidas cautelares, concretamente la prohibición de salir del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia en el juzgado de forma periódica dos veces al mes.
Hasta el momento, cinco de los 33 investigados permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Se trata del presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, que fue presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla entre 1999 y 2000 en un gobierno con el GIL; y los exconsejeros Hassan Mohatar, Dunia Almansouri, Rachid Bussian y Mohamed Ahmed, que formaron parte del gobierno de coalición con el PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs) en la pasada legislatura.
Entre las personas investigadas que se encuentran en libertad provisional hay otras tres integrantes de aquel gobierno, concretamente la exconsejera Cecilia González y las exviceconsejeras Fatima Mohamed Kaddur y Yonaida Sellam, ésta última tras haber abonado una fianza de 5.000 euros.
Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que entre las personas investigadas que han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial hay empresarios adjudicatarios de contratos públicos y funcionarios de la Ciudad Autónoma.
La causa forma parte de las diligencias previas abiertas en mayo de 2023 por un presunto caso de compra de votos por correo y, desde entonces, las diligencias permanecen en secreto.
CPM, el partido al que pertenecen los 5 detenidos que están en prisión, dijo este jueves, en su primer pronunciamiento tras el inicio de la operación, que está siendo víctima de una “caza de brujas” y una “campaña política organizada de acoso y derribo” desde las elecciones municipales de 2015, “donde se pudo constatar la fuerza emergente” de esta formación.
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