Intermón Oxfam vuelve a poner el acento en que las ‘devoluciones en caliente’ que dice que se practican en las vallas de Melilla y Ceuta pueden estar afectando a menores de edad, lo que supondría una infracción de las obligaciones contraídas por España al ser firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño. No es la primera entidad que hace referencia a este asunto. La semana pasada Unicef apuntaba que ningún marco legal podía impedir la correcta identificación de los menores y Jueces para la Democracia indicaba se podrían emprenderse acciones legales.
El informe echa por tierra el razonamiento de las autoridades españolas que en numerosas ocasiones han argumentado que las personas que cruzan de manera irregular a través de las vallas no requieren protección internacional ya que son migrantes económicos. Intermón Oxfam indica que toda persona tiene derecho a pedir asilo independientemente de su lugar de procedencia, ya que puede estar sometido a persecución individual sin que necesariamente provenga de un territorio en conflicto. Además, indica, al ser expulsados de manera expeditiva, los menores pueden estar sujetos a esta práctica.
El informe lamenta que el Gobierno no sólo ha hecho oídos sordos a las innumerables denuncias realizadas por organizaciones españolas, el Consejo de Europa o la Defensora del Pueblo, sino que además ha dado un marco legal a esta práctica. Recuerda que con la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en marzo del año pasado se da cobertura legal a las devoluciones a través de la figura de los denominados ‘rechazos en frontera’. Recalca que se trata de un instrumento legal que carece de garantías ni procedimientos que salvaguarden el derecho a pedir asilo, ya que los inmigrantes son devueltos de manera inmediata. Señala que tampoco respeta el principio de no devolución de la Convención de Refugiados de 1951, porque pueden ser expulsados a un país donde su vida corre peligro.
Además, considera “chocante” la “incoherencia” de la política española de puertas adentro frente a lo que defiende fuera. Señala que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el acuerdo entre UE y Turquía declaró que había logrado presionar a sus socios europeos para que se incluyese en dicho tratado un tratamiento individualizado para todos los que llegasen a suelo griego, garantizando así su derecho al asilo. “Sorprende que no defienda la misma postura para los que llegan a territorio español”, apostilla Intermón Oxfam.
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, indicó ayer que la función de la Ciudad con los menores comienza cuando éstos están en territorio español. Sin embargo, Ventura apuntó en declaraciones a El Faro que lo que ocurre en la frontera es trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Hay que aplicar la ley, aunque haya a quien ésta no le guste”, apostilló. Ventura dijo, en referencia a la posibilidad de que haya menores que puedan estar siendo devueltos a Marruecos tras intentar saltar la valla, que en el salto del pasado 4 de septiembre entraron en nuestra ciudad 20 subsaharianos, supuestamente menores de edad que fueron ingresados en La Purísima. Sin embargo, finalmente todos resultaron tener más de 18 años. El consejero apuntó que no es la primera vez que esto ocurre. Es más, indicó que este grupo fue el responsable de la reyerta que se produjo en el centro esta semana y de la que se hizo eco este periódico. En cualquier caso, Ventura consideró que tiene que existir una frontera y se preguntó qué ocurriría en Melilla si se eliminaran las barreras que nos separan del país vecino.
La ONG Intermón Oxfam considera que las oficinas de asilo puestas en marcha en Melilla y Ceuta han servido de poco a los inmigrantes subsaharianos. Señala que después de un año abiertas ningún subsahariano ha hecho una petición ya que la policía marroquí les impide aproximarse a los pasos fronterizos. “Al serles denegados su paso, no les queda más remedio que arriesgar sus vidas cruzando en barcas o por las vallas para llegar a suelo europeo”, apunta Intermón Oxfam, que señala que esta práctica contrasta con los datos ofrecidos por Acnur, según los cuáles un 70% de las personas que tratan de franquear la valla son potenciales solicitantes de asilo. “Es un caso flagrante de discriminación que ha sido denunciado ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas”, señala el informe.
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