La okupación aumenta en España, pero disminuye un 15,4% en Melilla

A pesar de que la okupación ilegal de inmuebles aumentó un 18,3% en España entre enero y septiembre de 2021 con respecto a igual periodo del año anterior, disminuyó un 15,4% en Melilla.

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad, en los primeros nueve meses del año recién concluido en la ciudad autónoma se contabilizaron 11 okupaciones, dos menos que en igual etapa de 2020.

En tanto, en el país se registraron hasta septiembre de 2021 unos 13.389 allanamientos o usurpaciones (la calificación no aparece en las denuncias, sino que se hace en el juzgado). En ese mismo periodo de 2020, el número de okupaciones fue de 11.319.

Además, se trata de un fenómeno que se mantiene en aumento desde 2015 en España, cuando se dieron en todo el año 10.376 casos.

Según las cifras de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, citadas por ABC, diariamente 49 personas vieron su inmueble invadido por delincuentes o por familias necesitadas (no se determina tampoco qué cantidad en cada caso).

No obstante, cifras de la Plataforma de Afectados por la Ocupación indican que más del 80 por ciento de las okupaciones no son de familias necesitadas. Por tanto, casi todos los casos son "falsos vulnerables".

A la cabeza de la lista de okupaciones está la comunidad de Cataluña (5.689 casos), con cerca de la mitad de la cantidad registrada de enero a septiembre de 2021. De hecho, dos de cada tres okupaciones se producen en la provincia de Barcelona.

La segunda región en la que hubo más okupaciones fue Andalucía (1.994 casos), seguida por Madrid (1.282), la Comunidad Valenciana (968) y Castilla-La Mancha (606).

Por otro lado, la ciudad de Ceuta es el único territorio en el que la okupación se mantuvo invariable de los primeros nueve meses de 2020 a los de 2021.

Al referirse a los propietarios legales de los inmuebles okupados, la Plataforma de Afectados denuncia que ni las corporaciones autonómicas ni nacionales han actuado en favor del colectivo "más injustamente tratado de la sociedad española".

Por su parte, la Organización Nacional de Afectados por la Okupación resalta que muchos propietarios no denuncian, sino que acuden directamente a una empresa de desokupación. Aunque esto dificulta la posibilidad de hacer una radiografía exacta de las okupaciones, esta asociación estima que en España hay al menos 120.000 viviendas okupadas (tanto de bancos y fondos de inversión como de ciudadanos particulares) y alrededor de un millón de afectados.

Cuando los afectados son particulares, la okupación genera enormes conflictos de convivencia entre vecinos, que tienen que asumir gastos de suministros, impuestos y no pocas veces hasta la propia hipoteca del inmueble.

Sin embargo, el "Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles" del Ministerio del Interior, establece que los policías pueden desalojar sin esperar medidas judiciales solo en caso de delito flagrante en un allanamiento de morada o una usurpación.

Si bien en diciembre de 2020 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley antidesahucios, luego lo modificó para proteger a personas en situación de vulnerabilidad en tanto durase el estado de alarma por la pandemia.

Mientras, los afectados siguen a la espera de una ley antiokupas y dicen enfrentar no solo afectaciones económicas por estos delitos, sino físicas y psicológicas.