La Oficina de Asilo dispara la asistencia jurídica gratuita en el Colegio de Abogados

Los letrados melillenses han asistido a más de 1.300 solicitantes de protección internacional desde el año pasado. En lo que va de 2015 las asistencias en materia de Extranjería ascienden a casi 2.000.

La puesta en marcha de la Oficina de Asilo en Beni Enzar ha provocado un aumento de las asistencias jurídicas gratuitas que ofrece el Colegio de Abogados de Melilla. La tramitación de las solicitudes de protección internacional se empezó a realizar desde septiembre del año pasado. El decano del Colegio, Blas Jesús Imbroda, destacó que desde entonces los letrados han tramitado más de 1.300 peticiones de asilo. El decano hizo ayer este balance  con motivo de la celebración el próximo domingo del Día  de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Por esta razón, la sede del Colegio de Abogados de Melilla (Icame) permaneció ayer abierta por la mañana, para todos los melillenses que quisieran pudieran visitarla. Al mediodía, el decano junto a la directiva del colegio leyó el manifiesto que defiende el modelo actual de justicia gratuita. El salón de actos del Icame fue el escenario del acto, que se ha adelantado en Melilla al caer la celebración del Día de Justicia Gratuita en domingo.
Además de las tramitaciones de las solicitudes de asilo, los abogados del turno de oficio también realizan otro tipo de trámites en materia de Extranjería. De hecho, el 77% de las asistencias gratuitas que el Icame ha realizado este año ha estado relacionado con la Ley de Extranjería, no solamente en las solicitudes de asilo, sino también en lo tocante a los expedientes de expulsión y otros trámites.
Imbroda destacó que este año se han realizado 2.585 asistencias, de las que 1.994 son de Extranjería, 20 de violencia de género, 354 de naturaleza penal y 217 en el servicio de orientación jurídica (SOJ) del Colegio.
En 2014 se realizaron 9.613 asistencias de justicia gratuita en Melilla, de las que 6.531 fueron en materia de Extranjería, es decir, el 68% del total; 144 fueron por violencia de género; 2.185 sobre asuntos penales y 753 ofrecidas en el SOJ.
El decano del Icame señaló que el Estado invirtió más de dos millones de euros en materia de justicia gratuita en Melilla, pues es “un servicio social esencial, es rentable y es un dinero bien invertido, aunque debería ser más, pues nadie puede quedarse sin defensa jurídica”, indicó.
En el turno de oficio del Colegio de Abogados de Melilla trabajan un total de 114 letrados. Prácticamente la totalidad de ellos están especializados en materia de Extranjería y 82 en el ámbito de la Violencia de Género, gracias a la formación continua que reciben los abogados melillenses, no solamente en esta materia sino también en otros ámbitos, como menores, destacó Imbroda.

El manifiesto
El Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio no es únicamente una jornada de celebración para los abogados sino que también tiene un carácter reivindicativo. El manifiesto recuerda que la justicia gratuita es un servicio que “garantiza el acceso de los más desfavorecidos al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva”. Pero cualquier reforma de este sistema “se debe llevar a cabo previo diálogo y consenso entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los prestatarios del servicio, los colegios de abogados y procuradores”.
Por ello, confían en que la reforma en marcha mejore las condiciones en las que el abogado presta este servicio: “Que garantice el cobro de los honorarios del letrado cuándo lleve a efecto una actuación profesional, disponga la posibilidad de su renuncia cuando quiebre la confianza abogado-cliente, establezca unas cargas administrativas razonables, afronte la adecuación y actualización de los baremos conforme al IPC, disponga la formación y especialización de los profesionales a cargo de los fondos públicos y que exista colaboración y respeto por parte de las instituciones”.

No al intento de privatización de la justicia gratuita

Los abogados destacan en su manifiesto que los ciudadanos valoran “muy satisfactoriamente” el servicio que prestan los letrados del turno de oficio “a pesar de la reducción de baremos, de su no revisión, en muchos casos desde hace una década, del retraso reiterado en los pagos por parte de la Administración o del impago de las actuaciones efectivamente prestadas”.
No obstante, expresaron su rotundo rechazo “a cualquier intento de privatización del servicio de justicia gratuita” e instaron a los poderes públicos a que “garanticen este derecho y pongan a disposición de este servicio los fondos públicos necesarios para preservar su funcionamiento y avalar su sostenibilidad”.