La MCA–UGT acude a Inmigración y Empleo en defensa de los fronterizos

Abdeselam M. Anana envió un informe sobre la situación de estos trabajadores en noviembre. La sección del Metal, Construcción y Afines (MCA) de la UGT en Melilla informó ayer de que el pasado mes de noviembre envió un informe a la Dirección General de Migraciones sobre la problemática de los trabajadores fronterizos y solicitó una reunión para tratar este asunto. En nota de prensa, su secretario general en la ciudad, Abdeselam Mohamed Anana, aseguró haber dirigido un escrito igualmente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, “a fin de encontrar de manera conjunta una solución”.
La normativa de Extranjería actual contempla el derecho de los trabajadores fronterizos a cotizar por la prestación de desempleo, pero “la ausencia de adecuación de la normativa laboral, no les permite el cobro de la prestación”.
Por otra parte, en la última modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, se cambió la duración de la autorización, de tal modo que “ahora, ésta coincide con la del contrato de trabajo y con un límite máximo de un año, lo que implica que pasado este tiempo hay que solicitar la prórroga de la autorización si continua la misma relación laboral u obtener una nueva si ha cambiado de empleador”, explica el sindicato. Estos trámites suponen para estos trabajadores el pago de unas tasas que el resto de trabajadores extranjeros en la península no tienen que abonar. Por la autorización inicial la tasa es de 190,12 euros y 380,27euros en función del salario que perciban y otros 76,5 euros por cada prórroga. La MCA–UGT consideró que “dada la diferencia, en derechos y situación de los trabajadores transfronterizos con la de los autorizados a residir en España, las tasas deberían adecuarse a esta diferencia y al hecho de que cada año el trabajador transfronterizo ha de prorrogar su autorización”.
Por último el dirigente de MCA-UGT, Abdeselan Mohamed Anana, insistió en buscar una solución con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para “el quebranto económico que supone para estos trabajadores el pago de unas tasas tan desequilibradas”.