La Justicia da la razón a la Autoridad Portuaria frente a Levantina, empresa del ‘caso Koldo’

Reclamaba 54.244,52 euros, más intereses, por una revisión extraordinaria de precios en relación con las obras de rehabilitación del tinglado número 5 del puerto melillense

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla ha fallado a favor de la Autoridad Portuaria de Melilla (APM) en el litigio abierto con la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L. (LIC), al desestimar la demanda presentada por la constructora. La compañía reclamaba 54.244,52 euros, más intereses, por una revisión extraordinaria de precios en relación con las obras de rehabilitación del tinglado número 5 del puerto melillense, un contrato adjudicado en 2021 bajo la gestión del anterior equipo directivo.

La sentencia, dada a conocer este jueves, representa un respaldo explícito a la posición adoptada por la actual presidencia de la APM, que había rechazado abonar la cantidad solicitada por la empresa al considerar que no se ajustaba a derecho. Esta postura, defendida formalmente por el presidente del organismo portuario, Manuel Ángel Quevedo Mateos, ha sido ahora refrendada por el poder judicial.

El conflicto surge en un contexto cargado de polémica: Levantina, adjudicataria del contrato en cuestión, está implicada en el conocido “caso Koldo”, una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos que ha salpicado a diversas instituciones en todo el país. Este hecho ha generado un mayor escrutinio sobre todos los contratos que la empresa mantiene con administraciones públicas, incluido el de Melilla.

El proyecto adjudicado a LIC en Melilla en 2021 fue gestionado durante el anterior mandato del Gobierno local, integrado por el PSOE, CPM y Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos. El actual equipo de Gobierno ha mostrado públicamente su disconformidad con la manera en que se desarrolló ese proceso. De hecho, en declaraciones recogidas por El Faro de Melilla, el Ejecutivo local llegó a exigir explicaciones a sus predecesores por haber concedido esa obra a una empresa bajo investigación judicial.

Tras las elecciones municipales de 2023, el nuevo equipo directivo de la APM heredó la tramitación de la reclamación económica presentada por Levantina. Quevedo resolvió formalmente denegar la solicitud de revisión extraordinaria de precios, lo que llevó a la empresa a acudir a los tribunales. El fallo judicial ahora conocido valida por completo esa negativa, indicando que la actuación de la Autoridad Portuaria fue conforme a derecho.

En un comunicado oficial, la APM ha expresado su satisfacción por la sentencia, calificándola como “muy motivada y contundente” y subrayando que pone de manifiesto la legalidad de la decisión tomada por su actual presidente. El organismo sostiene que actuó siempre en defensa de los intereses públicos, en un momento en el que los procedimientos de contratación pública se encuentran bajo una mayor vigilancia social e institucional.

Ya en julio pasado, este medio informó que la APM tenía preparado el expediente completo relativo al contrato con Levantina, en previsión de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera solicitarlo en el marco de la investigación nacional. Esta previsión evidenciaba la voluntad de colaboración con la Justicia y la necesidad de transparencia tras las dudas que generó la contratación.

Por su parte, Levantina no ha emitido ningún comunicado tras conocerse el fallo. En el ámbito político local, no se descarta que esta resolución reactive el debate sobre la herencia administrativa del anterior Gobierno. De hecho, fue el responsable del nombramiento de Víctor Gamero como presidente de la Autoridad Portuaria. La responsabilidad de la designación recayó en CpM.

Con esta decisión judicial, la Autoridad Portuaria de Melilla no solo evita el pago de más de 54.000 euros reclamados, sino que además refuerza su legitimidad institucional frente a una empresa que sigue bajo el foco mediático y judicial. El caso pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de control y fiscalización en la contratación pública, especialmente en contextos como el melillense, donde la transparencia y la confianza ciudadana se ven afectadas por antecedentes recientes.

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