La Junta Electoral Central manda al Congreso la propuesta de UGT y CCOO sobre ingresos mínimos

Ambos sindicatos presentaron una Iniciativa Legislativa Popular suscrita por casi 1.500 melillenses.

La Junta Electoral Central notificó ayer a Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores que traslada al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular  (ILP) solicitando una prestación de ingresos mínimos, “tras comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos”. Desde este órgano estatal confirman que se han superado con creces (660.000) las 500.000 exigidas en el artículo 87.3 de la Constitución para admitir estas propuestas. De este número, millar y medio de rúbricas partieron de Melilla.
Ambos sindicatos aventuraron en la jornada de ayer que esta ILP pueda ser una de las primeras que se aborden en las Cortes de la próxima legislatura.
Esta demanda sindical dice responder a una emergencia social: “La de garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo”.
“Esta necesidad se hace aún más evidente en la necesitada ciudad de Melilla”, expresó a El Faro el secretario general de UGT de Melilla, Francisco Díaz. El ugetista considera esta ayuda muy necesaria, especialmente en zonas muy deprimidas por el desempleo y un riesgo de exclusión social como el observado en nuestra ciudad.

Condiciones previas
Esta prestación propuesta va dirigida “a personas entre 18 y 65 años que no reúnan las condiciones para solicitar otras prestaciones, y que lleven inscritos en el desempleo, al menos, un año”. Calculan los agentes sociales que los potenciales beneficiarios se contabilizarían en algo más de dos millones de españoles.
“Se trata de poner en marcha un nuevo derecho subjetivo, vinculado a la Seguridad Social, financiado vía Presupuestos Generales del Estado, que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que podrá ser aumentado en función del número de componentes de la unidad familiar y que se mantenga mientras la persona siga en esta situación”, explicaba la nota de prensa emitida por los sindicalistas.
Esta ayuda, confirman, sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas), pero compatible con otras de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública del Estado.