La juez Alicia Ortíz deja claro que la justicia "debe ser justa, no eficiente"

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Melilla, Alicia Ortíz, manifestó este pasado lunes su preocupación por los efectos de la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Durante su intervención en un taller práctico celebrado en el Colegio de Abogados de Melilla (ICAME), dejó clara su postura: “la justicia tiene que ser justa, no eficiente”.

En su análisis, Ortíz insistió en que el principio de eficiencia puede ser válido en otros ámbitos, pero no debe regir el funcionamiento del sistema judicial. “La eficiencia se tiene que predicar desde otros ámbitos, pero no desde la administración de justicia”, recalcó ante los profesionales del derecho presentes en el acto.

Durante la jornada, dedicada a la reforma civil y penal de la mencionada ley, la magistrada profundizó en las dificultades que ha generado la entrada en vigor de esta normativa, especialmente por su implantación inmediata, sin un periodo adecuado de transición ni indicaciones claras. “Todo estaba en vigor desde que se publicó. No se ha dicho nada en la ley sobre aspectos tan esenciales como las materias de ejecución”, explicó Ortíz, quien criticó también que la ley coincidiera con el periodo de Navidad, en plena vacatio legis.

Uno de los aspectos más cuestionados por la juez fue el intento de aplicar un modelo de funcionamiento colegiado, propio de instancias como la Audiencia Provincial, a órganos unipersonales como los juzgados de primera instancia. “Eso no puede funcionar así”, advirtió, señalando que no se puede equiparar el enjuiciamiento penal o la resolución de recursos con la tramitación de procedimientos declarativos civiles en primera instancia.

“Esa es la cuestión que expuse a la directora general de Justicia y no supo contestarme”, lamentó Ortíz, quien expresó un notable escepticismo sobre los beneficios reales de la ley. A su juicio, la norma introduce cambios que no tienen en cuenta las particularidades del trabajo judicial diario, y que podrían incluso afectar a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva.

El Ministerio de Justicia ha defendido públicamente los cambios introducidos por esta ley, que forma parte de una serie de reformas para la modernización del sistema judicial español. Entre sus objetivos, se incluyen la implantación de las Oficinas Judiciales y Fiscales, la digitalización de procedimientos, y una nueva estructura territorial y funcional para reducir tiempos de respuesta.

La nueva normativa también plantea la transformación de los actuales partidos judiciales en denominados Tribunales de Instancia, con el fin de reorganizar los recursos humanos y materiales en busca de una mayor agilidad procesal. La ley también crea la Oficina de Justicia en el Municipio, que será el punto de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En ella se podrán realizar actos y trámites procesales de manera telemática, evitando los desplazamientos.

Sin embargo, esta transformación ha sido duramente cuestionada por parte de la judicatura, al considerar que no tiene en cuenta la realidad práctica de los juzgados ni la carga de trabajo que ya soportan.

Alicia Ortíz se ha unido así a un creciente número de profesionales del sector que han alzado la voz contra la aplicación apresurada y sin consenso de esta reforma. Sus declaraciones aportan una visión crítica desde dentro de los juzgados y alimentan un debate cada vez más extendido sobre si la eficiencia administrativa puede ir en detrimento de la justicia como valor fundamental.

En Melilla, donde la administración de justicia ya cuenta con medios limitados y altos niveles de carga procesal, las voces como la de Ortíz reflejan una preocupación real sobre el futuro del sistema judicial bajo el nuevo marco normativo. El debate sigue abierto y todo apunta a que se mantendrá vivo en los próximos meses.