La instrucción del caso "Santiago-Rusadir" sigue su curso de manera callada, con parte de las investigaciones todavía bajo secreto de sumario y sin que se conozca una fecha cierta para la conclusión de este primer período del proceso judicial. Las fuentes de El Faro han señalado que a comienzos del próximo mes de marzo la magistrada tendrá que decidir si concluye o no las diligencias y levanta el secreto o, por el contrario, lo prorroga mediante auto motivado, lo cual haría que el tema se alargara, al menos, hasta final de año.
Esas mismas fuentes aseguran que en las próximas semanas habrá una nueva tanda de declaraciones en el juzgado. Ello, después del volcado de un número indeterminado de conversaciones interceptadas durante el desarrollo de la operación policial que, en principio, no dejarían en buen lugar al presidente de CpM, el partido que, según la juez, habría estado dando cobertura a una organización criminal bien jerarquizada cuyo objetivo sería, de acuerdo con el juzgado, la compra de votos.
El último paso de la instructora que El Faro ha podido conocer es un auto, fechado el pasado día 2 de este mes de febrero, en el que la magistrada pide a la Intervención General del Estado que evalúe la actuación del interventor de la Ciudad Autónoma para que se determine su incurrió o no en un presunto delito. La idea sería que este alto funcionario público presuntamente no observó las cautelas de legalidad obligadas antes de realizar pagos desde la Administración.
De hecho, establece el auto que los contratos bajo sospecha son 364 y que fue solo después del 23 de mayo de 2023, cuando se detiene al entonces consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, cuando el ya citado interventor, conocedor de la investigación en marcha, empieza a emitir informes poniendo sobre la mesa las presuntas irregularidades cometidas; serían, además, los mismos documentos a los que había dado el visto bueno con anterioridad a esa fecha.
Sostiene la instructora que esa supuesta organización criminal compró los votos en las elecciones de 2019 y, una vez CpM en las consejerías, se dedicó a desviar fondos públicos a personas físicas y jurídicas afines, y que habrían puesto el dinero para poder aumentar el respaldo electoral en los comicios de ese año.
Ese auto, junto con la nueva oleada de declaraciones judiciales que se irán desgranando en las próximas semanas, pone de manifiesto que el procedimiento está lejos de concluir, que la juez tiene la intención de llegar hasta el final de la presunta trama y que la Justicia, aunque lenta, tendrá que poner a cada uno en el sitio que le corresponde.
