Según fuentes cercanas al caso del presunto fraude del IPSI, agentes de la Guardia Civil estarían ya inmersos en una investigación para conocer si efectivamente se ha producido algún tipo de delito en este asunto por parte de la empresa gestora, Logictics Express, que posiblemente cobró el IPSI a los clientes finales y, sin embargo, no lo ingresó en las arcas de la Ciudad Autónoma. La investigación tiene lugar después de que el Gobierno decidiera remitir a la Fiscalía un informe sobre lo que había sucedido con el pago del impuesto a la importación de mercancías. El Ejecutivo melillense, a través de la Consejería de Hacienda, envió al Ministerio Público toda clase de documentación que demostraría que esa empresa en cuestión sería la causante de que muchos comerciantes locales hubieran pagado el IPSI pero su dinero no llegara a las arcas públicas. Este asunto se dio a conocer públicamente el 18 de enero cuando El Faro se hizo eco de la situación por la que atravesaban decenas de autónomos con respecto al IPSI. Poco después, el propio Colegio de Agentes de Aduanas afeó la conducta a esa empresa, a la que expulsó de esta entidad sin contar con la posiciónde los transitarios, que lamentaban que sus clientes perderían la confianza en los servicios que tradicionalmente han prestado en la ciudad. La empresa en cuestión, Logistics Express, que había comprado cuatro negocios melillenses dedicados a este sector, negó los hechos y afirmó que había realizado 82.000 liquidaciones. Es más, apuntó que en 2023 demostró una “excepcional capacidad” de gestión con la liquidación de más de 8,8 millones de euros. Por eso, rechazó cualquier insinuación de conducta irregular y dejó claro que seguiría ofreciendo sus servicios en la ciudad en su horario habitual, además de agradecer el apoyo y comprensión de sus clientes y socios comerciales. El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha instado a los comerciantes afectados por el presunto fraude del IPSI de importación a que presenten en las oficinas públicas el justificante de que pagaron el impuesto a la empresa que se encuentra actualmente en el punto de mira de la Fiscalía por la presunta comisión de un delito por cobrar unas cantidades de dinero que después no ingresó, como era su obligación, en las arcas de la Ciudad Autónoma. En ese sentido, Conesa pide a los afectados que cuando reciban la notificación para el pago de la deuda, se dirija a la Administración y presente sus justificantes. “Les aconsejo que nos traigan los justificantes del pago a su agencia corrrespondiente. Si no lo hacen así no tenemos forma de asegurar quehan pagado pero no se ha ingresado o directamente que ese impuesto está sin cubrir”. Daniel Conesa explicó que Hacienda no tiene forma por sí sola de saber qué comerciantes sí y cuáles no han sido objeto del presunto fraude. Para el consejero popular, lo sucedido ha sido muy grave porque ha roto la relación de confianza que existía entre el departamento de IPSI y las agencias que se encargan de liquidar ese impuesto. Y todo, apuntó, por la “mala praxis” de una única transitaria, que según distintas fuentes podría deber unos 700.000 euros por el asunto del impuesto a la importación. La Consejería de Hacienda ha decidido, en consecuencia, estudiar la implantación de un nuevo sistema de liquidación mucho más garantista para los intereses de la Administración. Los problemas con esa empresa, de nombre Logictics Express, se detectaron el pasado verano, cuando superó todos los plazos que la Ciudad Autónoma concede a los agentes de aduana para proceder al pago del impuesto en cuestión. De hecho, la Ciudad Autónoma optó por suspender la actividad de cuatro de esas agencias, concretamente las que habían sido compradas por Logictics Express, mientras dejaba claro a los comerciantes y al conjunto de los ciudadanos melillenses que la mayoría de los operadores son “absolutamente honrados”, según afirmó Conesa en apoyo del colectivo. Plataforma de afectadosVíctimas del llamado “fraude del IPSI” están tratando de crear una plataforma de afectados con el fin de actuar conjuntamente en la exigencia de responsabilidades que se pudieran derivar del problema por el que atraviesan desde que constataron que la Ciudad Autónoma les requería el pago de un IPSI de importación que ya habían pagado a la transitaria y que ésta, al parecer, no había ingresado en las arcas públicas melillenses. “Queremos ver la posibilidad de que podamos ir a denunciar todos juntos”, comentaron a El Faro distintos comerciantes melillenses consultados por esta iniciativa. Estos autónomos han asegurado que la Ciudad les está requeriendo unas cantidades que ellos ya abonaron en su momento. Y lo peor, según afirman, es que se les están aplicando recargos porque algunas de esas supuestas “deudas” están ya en vía de apremio y la preocupación es que pudieran llegar al embargo, dado que muchos no pueden hacer frente al débito. Uno de estos comerciantes comentó a este Diario que a él le están pidiendo que ingrese 4.000 euros de los que ahora mismo no dispone y teme que pudiera darse la situación de embargo. “La empresa te dice que está pagado y la gente del IPSI de la Ciudad Autónoma dice que no, que no hay pagado absolutamente nada y que ellos tienen este tema denunciado”. Pero lo cierto es que la Administración está aplicando ya un 5% de recargo por impago en su momento. “En pocas palabras, esto es como si usted paga una multa al policía para que la ingrese y luego te dicen desde la Ciudad Autónoma que no has pagado”, ejemplificó. Sigue operando El caso es que el supuesto responsable del fraude a los clientes finales del IPSI sigue operando en Melilla con otro agente de aduana, según afirman nuestras fuentes. “Se han buscado una puerta trasera para seguir operando y siguen trabajando en la ciudad”, señaló. En cualquier caso, la mayoría de estos comerciantes han optado por buscar otro operador de mayor confianza. “Lo que queremos es que el transitario nos gestione la mercancía y que sea legal, que cumpla con la ley”. “Sé que esa gente está trabajando con otro agente de aduana que le está despachando mercancía y ahora sí están cumpliendo con las exigencias de la Ciudad Autónoma”, comentó para añadir que actualmente las oficinas de IPSI liquidan el impuesto con pago inmediato. Hasta descubrirse este presunto fraude, existía un plazo de un mes para poder hacer frente al pago del IPSI de importación y existía una “relación de confianza” que, según el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha saltado por los aires con este asunto. Muchos afectados Nuestras fuentes aseguran que con muchos los afectados por este asunto del IPSI y de ahí la idea de crear esa plataforma de afectados para actuar de forma conjunta ante los tribunales de justicia y la propia Ciudad Autónoma, a la que no libran de críticas por considerar que, si conocían el problema, debían de haber paralizado el pago y no aplicar los recargos entre tanto se aclara qué es lo que ha sucedido con el IPSI de importación. Nuestras fuentes entienden que puede haber muchos más afectados de lo que inicialmente parece porque hay comercios que tienen pocas cantidades en entredicho y que no notarán lo que ha sucedido hasta que no le lleguen las raclamaciones de la Administración. Al parecer, se están reclamando primero las cuantías más importantes ya por vía de ejecutiva.