La ministra defiende la sanidad pública pero en Melilla la externaliza
La gestión sanitaria en Melilla vuelve a situarse en el centro del debate político tras la publicación de una información de La Razón en la que se pone de relieve la externalización de distintos servicios sanitarios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dependientes directamente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Según recoge el citado medio, la Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de mantener un modelo sanitario basado parcialmente en la colaboración con empresas privadas mientras critica públicamente la externalización aplicada en otras autonomías. La información subraya que tanto Ceuta como Melilla cuentan con servicios sanitarios gestionados mediante contratos externos.
La polémica surge en medio del enfrentamiento político por el modelo sanitario y la gestión de recursos públicos. La Razón destaca que el Ejecutivo central cuestiona determinadas políticas aplicadas por gobiernos autonómicos, pese a que en los territorios bajo su gestión directa también se recurre a fórmulas de externalización.
En el caso de Melilla, el sistema sanitario depende del Ingesa, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, al no tener transferidas las competencias sanitarias como ocurre en la mayoría de comunidades autónomas. Esta situación convierte a la ciudad autónoma en uno de los ejemplos utilizados dentro del debate nacional sobre la gestión de la sanidad pública.
La información publicada añade que los contratos externalizados afectan a distintos servicios vinculados al funcionamiento sanitario y hospitalario, una práctica que continúa siendo objeto de confrontación política entre administraciones y partidos. El caso resulta especialmente sensible en Melilla, donde las carencias sanitarias, las listas de espera y la presión asistencial forman parte habitual de las quejas ciudadanas y del debate público.
El señalamiento de Ceuta y Melilla como territorios donde el Gobierno central aplica mecanismos similares a los que critica en otras comunidades introduce un nuevo elemento de controversia. La discusión no se limita únicamente a la gestión administrativa, sino también a la coherencia política entre el discurso público y las decisiones adoptadas en los servicios que dependen directamente del Ministerio de Sanidad.
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