La gestión de la dependencia en Ceuta y Melilla, bajo mínimos

La gestión del sistema de atención a la dependencia en Ceuta y Melilla presenta niveles muy bajos de desarrollo y cobertura, según el último dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia, que sitúa a ambas ciudades autónomas entre los territorios con peores indicadores del país. El informe, publicado este mismo mes de marzo, alerta de retrasos en la tramitación, escasa intensidad en los servicios y una limitada atención a las personas en situación de dependencia.

De acuerdo con el documento, el sistema en Ceuta y Melilla evidencia importantes carencias estructurales que afectan tanto al acceso como a la calidad de las prestaciones. Entre los aspectos más preocupantes destaca el tiempo de espera para la resolución de expedientes, así como el número reducido de personas atendidas en comparación con otras regiones.

El Observatorio señala además que la implantación del sistema en ambas ciudades continúa muy por debajo de la media estatal, lo que refleja una falta de desarrollo sostenido en los últimos años. Esta situación repercute directamente en las personas dependientes, que ven retrasado o limitado su acceso a servicios y ayudas reconocidas por ley.

El informe también subraya la baja intensidad de los servicios prestados, lo que implica que, incluso cuando se reconoce el derecho a la atención, esta no siempre se traduce en una cobertura suficiente para atender las necesidades reales de los beneficiarios.

En términos generales, el dictamen califica el funcionamiento del sistema en Ceuta y Melilla como claramente insuficiente, situándolo en los últimos puestos del conjunto nacional. Esta valoración pone de relieve la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la gestión, reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura.

El Observatorio Estatal de Dependencia concluye que, sin cambios estructurales y un mayor compromiso institucional, las deficiencias detectadas seguirán afectando a uno de los colectivos más vulnerables, consolidando una brecha territorial en el acceso a derechos sociales básicos.